Dos años de cárcel para la acusada en el caso de la familia de Alcalá (Sevilla) muerta por intoxicación

Las partes alcanzan un acuerdo en el juicio y suspenden la pena de prisión para la condenadada

En el marco de la causa correspondiente a la muerte, en diciembre de 2013, de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) --una hija del matrimonio también resultó hospitalizada-- por una intoxicación inhalatoria con fosfina procedente de unos tapones de pesticida, se ha dictado una "sentencia de conformidad", tras el acuerdo entre las partes, que establece una condena de dos años de cárcel para uno de los tres acusados y el pago de una indemnización a la familia de 675.000 euros.

En esta causa judicial se investigaba a la encargada de gestionar las salidas de residuos de la empresa Alansu y al mozo de almacén de la misma, y al administrador de la empresa de chatarra Reciclados Nivel, según indican fuentes del caso a Europa Press. A todos ellos, la Fiscalía les acusaba de un delito contra el medio ambiente en régimen de concurso ideal con tres delitos de homicidio imprudente y llegó a solicitar cuatro años de prisión para cada uno de ellos.

En la vista oral celebrada este lunes, se ha alcanzado un acuerdo de conformidad entre las partes por el que el Ministerio Público ha retirado la acusación contra los dos últimos, un hecho "previsible" porque existían "muchas dudas de que pudieran haber incurrido en una imprudencia a efectos penales", tal y como informan esas mismas fuentes.

Sin embargo, sobre la trabajadora de la empresa Alansu ha recaído una pena de dos años de cárcel por el citado delito que ha sido suspendida, por lo que, incialmente, no deberá entrar en prisión. Por su parte, esta empresa deberá abonar 675.000 euros a la familia de los fallecidos, "acordada con carácter previo", en concepto de responsabilidad civil y "que tendrá que hacer frente dos compañías aseguradoras", añaden esas fuentes, que destacan que con este resultado final se da "la mejor de las soluciones" teniendo en cuenta los atenuantes y que durante siete años se ha estado tramitando el procedimiento.

En diciembre de 2013, el Instituto de Toxicología de Sevilla y el Instituto de Medicina Legal concluyeron que las muertes de Enrique Caño, de 61 años, su mujer, Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años, "habrían sido consecuencia de una inhalación accidental de fosfuro de aluminio".

En este sentido, varios días antes del suceso, Caño recogió de la empresa de recilcados tapones de seguridad de plástico "desconociendo su peligrosidad" y los depositó en una bañera de su domicilio que empleaba para almacenar todo tipo de productos que destinaba a la venta.

El relato de la Fiscalía destacaba que como consecuencia de la "humedad ambiental" generada en ese espacio, con la presencia de agua y lejía, así como por la posible manipulación de los tapones por parte de algún miembro de la familia, supuestamente, se habría desencadenado una potente reacción química en los restos de fosfina.