Recurre su cese el excónsul en Bayona, que cruzó la frontera en el confinamiento para remplazar al servicio doméstico

Alega que su viaje tenía carácter oficial porque era una necesidad del Consulado y que los diplomáticos podían cruzar la frontera

El diplomático Álvaro Alabart, destituido el pasado junio de su puesto de cónsul en Bayona, ha presentado ante la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores un recurso de reposición contra su cese por considerarlo "injusto y arbitrario" y ha pedido que se le restituya en su cargo, según un comunicado remitido a Europa Press por su abogado.

Alabart fue cesado después de que el diario francés 'Médiapart' publicase que el 24 de marzo, en pleno confinamiento, Alabart cruzó la frontera para recoger, en San Sebastián, a un matrimonio contratado como servicio doméstico en su residencia oficial. También decía que el cónsul había obligado a abandonar la residencia al matrimonio jubilado de nacionalidad ucraniana que hasta entonces desempeñaba esa labor.

Sin embargo, el diplomático afea al Ministerio que no contrastase unos hechos que, a su juicio, se difundieron de forma tendenciosa, y ha decidido hacer públicos los hechos para "proteger su honor y su dignidad profesional", porque considera que el Ministerio "se ha parapetado en unos argumentos falsos para cesar a un funcionario con 42 años de ejercicio profesional, dos Embajadas a su cargo (Kuwait y Mozambique) una Gran Cruz de Mérito Militar y, desde hace más de un año Embajador de rango".

Según el relato contenido en su comunicado, los motivos de su cese fueron que no comunicó al Ministerio dicha salida, que utilizó el vehículo para un "servicio extraordinario" y un "asunto privado" sin autorización, que el viaje se hizo durante el estado de alarma y que la contratación del matrimonio como "asistencia técnica" se autorizó el 26 de marzo con efectos 1 de abril, y el diplomático recogió a sus nuevos empleados el 24 de marzo.

Además, Exteriores afirmaba que el haber "forzado" a marcharse de la residencia oficial al matrimonio de trabajadores jubilados, "tras doce años de trabajo, pertenecientes a un grupo de edad vulnerable, ha supuesto un perjuicio a la imagen de España, en general, y al servicio exterior español, en particular, por la falta de humanidad" que se desprende de ello.

Esta acusación es la que el diplomático niega de plano, afirmando que no solo no les "forzó" a irse sino que les "ofreció todo tipo de facilidades para que su traslado fuera lo menos gravoso posible".

El matrimonio, dice, se marchó "voluntariamente y sin avisar" el 4 de abril a vivir con unos amigos a unos 100 metros, donde todavía siguen y el canciller del Consulado, siguiendo sus instrucciones, se puso en contacto con ellos para comprobar que sus condiciones "eran las adecuadas". De su marcha fueron testigos los nuevos trabajadores, dice.

El diplomático se muestra sorprendido de que se le acuse de alojar en su residencia a dos trabajadores que aún no han empezado a prestar servicios y, al mismo tiempo, de no mantener en ella a los que ya se habían jubilado. "Podría decirse que se limitó a aplicar la normativa laboral, que impide permanecer en el puesto de trabajo a aquel trabajador que ya se ha acogido a la jubilación voluntaria", añade su relato.

EL VIAJE TENÍA "CARÁCTER OFICIAL"
Pero además, rechaza que Exteriores califique su viaje de "asunto privado" o "servicio extraordinario" porque "resulta evidente que el mismo respondía a una necesidad del Consulado y, por tanto, tenía carácter oficial". Además, afirma que "en ningún caso se vulneró el confinamiento".

En ese sentido, recuerda que los diplomáticos sí tenían permitido desplazarse y cruzar las fronteras pese al estado de alarma. En todo caso, añade que aun así avisó con carácter previo al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, que le confirmó que podía desplazarse afirmando que, como español no tenía limitación para entrar en España y que el personal diplomático estaba exceptuado de las restricciones "siempre que sus desplazamientos estuvieran vinculados a sus funciones oficiales".

Por otro lado, aunque admite que la autorización oficial para esta contratación se produjo el día 26 de marzo, ya antes había recibido autorización extraoficial, con comunicación enviada por el director general del Servicio Exterior de fecha 9 de marzo.

"No se puede deducir de este hecho un supuesto de pérdida de confianza que sea motivador de un cese, cuando el propio Ministerio estaba informado del detalle de toda la operación, tal y como se desprende de las diversas comunicaciones", añade.