jueves, 25 de abril de 2024 14:17
Politica

Recurre su cese el excónsul en Bayona, que cruzó a España en el confinamiento para remplazar al servicio doméstico

Exteriores le destituyó por pérdida de confianza e idoneidad, ya que no pidió autorización para el viaje, y por dañar la imagen de España
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Exteriores le destituyó por pérdida de confianza e idoneidad, ya que no pidió autorización para el viaje, y por dañar la imagen de España

El diplomático Álvaro Alabart, destituido el pasado junio de su puesto de cónsul en Bayona, ha presentado ante la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores un recurso de reposición contra su cese por considerarlo "injusto y arbitrario" y ha pedido que se le restituya en su cargo, según un comunicado remitido a Europa Press por su abogado.

Alabart fue cesado después de que el diario francés 'Médiapart' publicase que el 24 de marzo, en pleno confinamiento, cruzó la frontera para recoger, en San Sebastián, a un matrimonio contratado como servicio doméstico en su residencia oficial. También decía que el cónsul había obligado a abandonar la residencia al matrimonio jubilado de nacionalidad ucraniana que hasta entonces desempeñó esa labor.

A raíz de esas informaciones, Exteriores abrió un procedimiento de información reservada contra él, que incluyó entrevistas con empleados del Consulado y concluyó en su cese por pérdida de confianza e idoneidad para el cargo.

La resolución de su cese, a la que ha tenido acceso Europa Press, detalla como primer motivo que no comunicó al Ministerio su salida del país ni pidió autorización para hacerlo, y más teniendo en cuenta que lo hizo en día laborable y que hay una orden de 2003 según la cual "los embajadores, funcionarios diplomáticos y Cancilleres encargados de Oficinas Consulares no deberán en ningún caso ausentarse del país en que se encuentran destinados sin la oportuna autorización del Ministerio".

Además, afirma que utilizó el vehículo para un "servicio extraordinario" y un "asunto privado" sin autorización, que el viaje se hizo durante el estado de alarma y que la contratación del matrimonio como "asistencia técnica" se autorizó el 26 de marzo con efectos 1 de abril, y el diplomático recogió a sus nuevos empleados el 24 de marzo.

"FALTA DE HUMANIDAD"
Además, Exteriores afirmaba que el haber "forzado" a marcharse de la residencia oficial al matrimonio de trabajadores jubilados, "tras doce años de trabajo, pertenecientes a un grupo de edad vulnerable, ha supuesto un perjuicio a la imagen de España, en general, y al servicio exterior español, en particular, por la falta de humanidad" que se desprende de ello.

Sin embargo, el diplomático afea al Ministerio que no contrastase unos hechos que, a su juicio, se difundieron de forma tendenciosa, y ha decidido hacer públicos los hechos para "proteger su honor y su dignidad profesional". Así, considera que el Ministerio "se ha parapetado en unos argumentos falsos para cesar a un funcionario con 42 años de ejercicio profesional, dos Embajadas a su cargo (Kuwait y Mozambique) una Gran Cruz de Mérito Militar y, desde hace más de un año Embajador de rango".

La acusación sobre los trabajadores el diplomático la niega de plano, afirmando que no solo no les "forzó" a irse sino que les "ofreció todo tipo de facilidades para que su traslado fuera lo menos gravoso posible".

El matrimonio, dice, se marchó "voluntariamente y sin avisar" el 4 de abril a vivir con unos amigos a unos 100 metros, donde todavía siguen y el canciller del Consulado, siguiendo sus instrucciones, se puso en contacto con ellos para comprobar que sus condiciones "eran las adecuadas". De su marcha fueron testigos los nuevos trabajadores, dice.

ALABART: EL VIAJE TENÍA "CARÁCTER OFICIAL"
Pero además, rechaza que Exteriores califique su viaje de "asunto privado" o "servicio extraordinario" porque "resulta evidente que el mismo respondía a una necesidad del Consulado y, por tanto, tenía carácter oficial".

Además, recuerda que los diplomáticos sí tenían permitido desplazarse y cruzar las fronteras pese al estado de alarma y añade, en todo caso, que aun así avisó con carácter previo al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, que le confirmó que podía desplazarse afirmando que, como español no tenía limitación para entrar en España y que el personal diplomático estaba exceptuado de las restricciones "siempre que sus desplazamientos estuvieran vinculados a sus funciones oficiales".

Por otro lado, aunque admite que la autorización oficial para esta contratación se produjo el día 26 de marzo, ya antes había recibido autorización extraoficial, con comunicación enviada por el director general del Servicio Exterior de fecha 9 de marzo.

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