jueves, 28 de marzo de 2024 22:44
Politica

El PP acepta reunirse con PSOE y Cs para hablar del Pacto Antitransfuguismo y se verán este miércoles en el Congreso

El partido naranja quiere llegar a un acuerdo para actualizar el pacto, que considera que acumula "numerosos incumplimientos"
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Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El partido naranja quiere llegar a un acuerdo para actualizar el pacto, que considera que acumula "numerosos incumplimientos"

El PP finalmente ha confirmado que asistirá a una reunión conjunta con el PSOE y con Ciudadanos este miércoles en el Congreso de los Diputados para hablar del Pacto Antitransfuguismo. Este encuentro lo planteó Cs para asegurar que los diputados y concejales tránsfugas quedan aislados y que otros partidos no aprovechan sus votos para alterar las mayorías resultantes de las elecciones.

A la reunión, que se celebrará por la tarde, tras finalizar el Pleno en la Cámara Baja, asistirán dos representantes de cada partido, según han informado a Europa Press fuentes de Ciudadanos. Por parte de la formación naranja, irán el vicesecretario primero, Carlos Cuadrado, y el vicesecretario adjunto, José María Espejo-Saavedra.

Cuando Cs propuso la semana pasada una cita a tres bandas para tratar el problema del transfuguismo, los socialistas accedieron. El PP, en cambio, dijo que estaba centrado en las campañas de las elecciones vascas y gallegas y que prefería dejarlo para la siguiente semana.

A través de un comunicado conjunto el pasado miércoles, el PSOE y Ciudadanos emplazaron al PP a sumarse para mandar un mensaje de unidad frente a lo que consideran una forma de corrupción que afecta a todas las formaciones políticas. Este martes, una vez celebrados los comicios autonómicos, los 'populares' confirmaron su asistencia a la reunión, según Cs.

CASOS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE Y MÁLAGA
En las cartas enviadas al PP y al PSOE el lunes de la semana pasada, Cs propuso el encuentro con el objetivo de actualizar el Pacto Antitransfuguismo, que, según señaló su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, acumula "numerosos incumplimientos". Recientemente, este partido ha sufrido un caso en Santa Cruz de Tenerife y otro en Málaga.

En la capital tinerfeña, la concejal Evelyn Alonso ha sido expulsada de Ciudadanos por sumarse a una moción de censura, junto a Coalición Canaria y el PP, contra la alcaldesa, la socialista Patricia Hernández. Alonso se perfila ahora como la futura responsable de Sociedad de Desarrollo, Policía Local y Medio Ambiente en el Ayuntamiento.

En Málaga, Juan Cassá dejó Cs en mayo y pasó al grupo de no adscritos tanto en el Consistorio de la ciudad como en la Diputación provincial, y después fue designado portavoz del Gobierno del PP y Cs en esta segunda institución pese a la oposición de su antiguo partido.

El partido presidido por Inés Arrimadas lamenta que, en lugar de encontrar "repudio", el tránsfuga se convierta "a menudo" en "una pieza codiciada" por otros partidos que ven en esta situación la oportunidad de alterar las mayorías resultantes de las elecciones.

En su opinión, las distintas fuerzas políticas deben respetar las "mayorías democráticas" y hacer cuanto esté en su mano para "garantizar que en España no salga a cuenta convertirse en tránsfuga".

LA ÚLTIMA REUNIÓN SOBRE EL PACTO FUE EN 2010
La comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, suscrito en 1998 y modificado posteriormente en 2000 y 2006, no se reúne desde 2010. En este acuerdo, los partidos firmantes apuestan por combatir este "condenable fenómeno de deslealtad política" en las entidades locales.

Para ello, se comprometen a rechazar y a no admitir en su grupo político local a un concejal o a cualquier otro cargo representativo local integrado en la candidatura de otra formación mientras mantenga el cargo conseguido en su candidatura original.

Asimismo, acuerdan impedir la utilización de tránsfugas para "constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de gobierno" de las instituciones, a no apoyar ninguna iniciativa que provenga de los mismos y a "desincentivar el transfuguismo político a través de la adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario".

También rechazan ofrecer a estas personas las llamadas "plusvalías del disidente" --mejorar sus derechos económicos y políticos-- e integrarlos en los equipos de gobierno.

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