La jueza archiva la denuncia contra el ex abogado de Podemos despedido por acoso sexual y laboral

El Juzgado de Instrucción 32 de Madrid ha archivado este miércoles causa abierta contra el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente,por un delito de acoso sexual. El Juzgado, dirigido por la magistrada Rosa María Freire, ha ordenado el sobreseimiento del procedimiento al entender que no existen indicios de ilícito penal alguno contra el que fuera miembro del equipo jurídico de la formación 'morada'. 

La abogada de Podemos y ex letrada de Iglesias, Marta Flor, se querelló contra Calvente por los delitos de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones.  Según el auto del Juzgado : "las diligencias practicadas ponen de manifiesto que no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron lugar a la incoación de la causa, por lo que (...) procede acordar el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones, ordenando su archivo", explica la instructora.

El 6 de diciembre de 2019, el propio Pablo Iglesias para defenderse de las acusaciones vertidas por Calvente, que denunció haber sido despedido del partido como represalia por investigar irregularidades internas aseveró que "se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen", añadiendo que el acoso sexual a una subordinada que investigaba el juzgado estaba documentado en la carta de despido que recibió el que fuera empleado de la formación. 

La Fiscalía de Madrid, tras escuchar a ambas partes, pidió el pasado 22 de julio al Juzgado que archivara la investigación. Calvente ha declarado en paralelo a este procedimiento ante otro juzgado de Madrid en el marco de una instrucción que rastrea una supuesta financiación irregular de Podemos.

El auto de archivo argumenta que no hay cabida siquiera para practicar las diligencias propuestas por Flor, como el listado de llamadas recibidas por Calvente y declaraciones de supuestos testigos, e insinúa intereses partidistas por parte de PODEMOS para desacreditar al letrado. 

"Nada aportarían por no constar su intervención en la fecha del supuesto acoso y sí en la fase final, con interés seguramente (...) en sostener la actuación del propio partido, favorable a la querellante, por cuanto su tesis sirvió de base en gran parte en el despido del querellado, quien por otra parte es notorio que ha denunciado a la organización por otras infracciones penales", defiende la magistrada, que baja a los hechos concretos denunciados.

"No se ha acreditado el delito de acoso sexual por cuanto no se acredita ninguna solicitud de favor sexual ni ninguna situación objetiva intimidante, hostil o vejatoria hacia la querellante por parte del querellado", sostiene la jueza, que considera que "la relación de amistad y confianza entre querellante y querellado fue consentida y compartida por ambas partes hasta febrero de 2019, tal como reflejan los mensajes aportados por la propia querellante". "La proposición decente de pasar juntos un fin de semana carece de la entidad e intensidad típica exigida por el Código Penal", añade el auto de archivo, que tampoco existe acoso laboral porque "no hay relación de superioridad" y "el querellado es un mero coordinador del equipo legal" que se dedica a "distribuir el trabajo entre los miembros del equipo" y que está sujeto a la "aprobación" de una responsable jerárquica. Es decir, todas las actuaciones de Calvente mientras trabajó en PODEMOS fueron respaldadas por la responsable jerárquica de ambos. 

No se han acreditado tampoco "actos hostiles ni humillantes, sino graves desavenencias personales que trascendieron al ámbito laboral y que causaron una importante preocupación a la responsable" jerárquica  y el  conflicto  entre letrados "no fue resuelto adecuadamente y culminó con la desaparición del equipo por cuanto Calvente y otra letrada fueron despedidos (...) reflejo de discrepancias personales, profesionales y quizá también de una lucha de poder interna que trasciende al propio conflicto entre las partes de este procedimiento". 

Según la magistrada tampoco existe hostigamiento -ya que ambos letrados tenían una relaciíon de "cercanía, amistad y confianza" hasta el punto de que "Calvente era el apoyo de Flor en momentos difíciles"- ni coacciones, pues "no consta ninguna conducta violenta o intimidadora" por parte del querellado para "obligar, impedir o realizar" a la querellante a "realizar algo no querido por ella".

En la querella de Marta Flor, se decía que debido a que la letrada se había negado a mantener una "relación de amistad" con Calvente, más allá de la vinculación estrictamente laboral, "se vació de contenido la labor profesional de la abogada" impidiéndole su ex jefe supuestamente "acceder a los procedimientos judiciales" de la formación morada.

José Manuel Calvente, como coordinador del equipo legal de Podemos, dirigía, supervisaba y coordinaba todo el equipo legal del partido de Iglesias y asignaba los distintos asuntos jurídicos a los letrados del equipo. Flor sostuvo que el letrado "atentó contra su dignidad como mujer, persona y trabajadora".

El ex abogado de Podemos ha mantenido que el choque con Flor se produjo después de reprocharle la relación que mantenía con uno de los fiscales del caso Villarejo, en referencia a Ignacio Stampa y a partir de ese día comenzaron "las hostilidades" hacia su persona. Es más, Calvente siempre ha sostenido ante el partido que Flor fue expulsada del equipo legal por causas objetivas graves, falta de rendimiento laboral, errores procesales en la tramitación de asuntos y relaciones íntimas inadecuadas.

Precisamente, este miércoles el abogado ha sido citado a declarar por otro juzgado de Madrid por la presunta financiación irregular de Podemos. El Juzgado de Instrucción número 42 de la capital abrió la semana pasada una causa tras recibir un atestado de la Guardia Civil -fundamentado en la denuncia realizada por Calvente ante el Instituto Armado- por delitos de malversación de fondos públicos y administración desleal. El letrado ha declarado por exhorto desde los juzgados de Barcelona debido a la situación de pandemia del Covid-19, según informan fuentes jurídicas.