UGT insta al Gobierno a prorrogar el bono social para proteger a los hogares en riesgo de exclusión social

UGT ha instado al Gobierno a que prorrogue el bono social para proteger a los hogares en riesgo de exclusión social, ya que el 1 de octubre podrán ser privados de sus suministros energéticos, según ha informado el sindicato.

En este sentido, UGT ha recordado que el país está inmerso en un proceso de rebrote de la pandemia del Covid-19, "que sigue agravando las consecuencias sanitarias, económicas y sociales, y golpeando en mayor medida a los hogares más vulnerables".

Los últimos datos, publicados en septiembre, del Boletín de Indicadores Eléctricos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que reflejan los datos de febrero a abril, ponen de manifiesto que el número de beneficiarios del bono social ha ido aumentando durante la pandemia, alcanzando en abril a 1.271.352 puntos de suministros.

En este punto, el sindicato ha destacado que el Boletín Mensual de la Red Eléctrica Española refleja que la demanda eléctrica de los hogares aumentó durante el confinamiento, tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Para UGT, la vuelta a la actividad de las empresas "supondrá un repunte de la demanda de energía eléctrica, y como consecuencia irá acompañada de una subida de los precios".

"Esta subida de precios ya se ha visto reflejada en los meses de agosto y septiembre y seguirá subiendo de cara al otoño, por lo que muchos hogares seguirán teniendo problemas para calentar sus viviendas y para pagar sus facturas energéticas", ha asegurado.

Por todo ello, UGT insta al Gobierno a continuar garantizando los suministros esenciales; demanda que el plan de recuperación incorpore políticas sociales encaminadas a proteger a los colectivos más vulnerables; solicita desarrollar el plan de la Estrategia Nacional de lucha contra la pobreza energética, dotarla de recursos, y adaptarla a la situación provocada por la Covid-19; y a introducir mejoras en la regulación del bono social energético para que llegue a todos los consumidores que realmente lo necesitan.

Asimismo, pide acometer ya, un cambio de modelo energético socialmente justo y sostenible, que regule el mercado de los precios para hacerlos asequibles, y que tenga en cuenta a los hogares más vulnerables; y una mayor transparencia a las comercializadoras eléctricas y mejorar la información y formación de los consumidores para fomentar el consumo responsable y la eficiencia energética.