Andalucía lamenta que el Gobierno "imponga" una tasa plana en la PAC "acelerando la convergencia"

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha informado al Consejo de Gobierno sobre el posicionamiento unánime de Andalucía respecto al Real Decreto de Transición de Ayudas Directas 2021-2022, cuyo perjuicio sobre los agricultores y ganaderos de la comunidad ha quedado recogido en un documento firmado por las organizaciones agrarias.

En el mismo se demanda continuar aplicando el actual modelo de convergencia y se rechaza de manera contundente la decisión unilateral del Ministerio de acelerar el proceso actual, "rompiendo el clima de diálogo y consenso con el que se deben encarar los debates del futuro modelo de la PAC". El Gobierno andaluz ha lamentado que desde Madrid se trate de imponer una tasa plana encubierta, a través de un proceso acelerado de convergencia.

Según ha explicado, el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que será aprobado por el Consejo de Ministros, no fue recibido por la Consejería hasta el pasado 20 de enero. Pese a que dicho proyecto fue sometido en septiembre de 2020 al correspondiente trámite de alegaciones, el texto mantiene "inalterada la convergencia acelerada y profunda" de los derechos de pago básico que ya incluía el primer borrador, sobre el que tanto el sector agrario andaluz como la propia Junta de Andalucía manifestaron su disconformidad, planteando alternativas que evitaran el perjuicio que se produciría a sus agricultores y ganaderos si llegara a aprobarse en esos términos.

De manera paralela a las deliberaciones europeas, se han iniciado los debates en España para definir el nuevo modelo de aplicación en el país. Estos debates continúan sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Uno de los principales elementos en discusión es, precisamente, el sistema de derechos de ayudas y su convergencia futura. En este sentido, ha detallado la consejera que la propuesta de la Comisión contempla su continuidad y la aproximación progresiva de sus valores, sin que sea necesario alcanzar una convergencia plena. "Las recomendaciones de la Comisión indican simplemente que se siga avanzando en la aproximación", ha señalado.

El retraso en los debates europeos ha obligado a demorar la entrada en vigor de la nueva PAC a 2023 y la aprobación de un período transitorio de dos años, cuyo reglamento permite a los Estados miembros mantener los derechos en su valor de 2020.

EN CONTRA DE UNA CONVERGENCIA ACELERADA
El modelo de convergencia gradual aplicado desde 2015 fue acordado entre el Ministerio y las comunidades autónomas, pero ahora "se plantea una convergencia acelerada, multiplicada por cuatro, y en la que se eliminan límites máximos a reducciones", ha advertido.

A su juicio, esta aceleración brusca tendrá graves consecuencias sobre las rentas de una importante cantidad de agricultores y ganaderos andaluces. Un 25% aún tiene derechos cuyo valor es superior en más de un 30% al valor medio de su región. Además, existen determinados tipos de explotaciones que, por los métodos de cálculo del valor de sus derechos en el pasado, verían sus niveles de renta comprometidos, como es el caso de los ganaderos que tenían derechos especiales y poca base territorial.

"Desde Andalucía no puede compartirse este drástico cambio, aplicado en un período que debería ser de simple transición, sin que haya habido un acuerdo previo entre Ministerio y comunidades autónomas y sin estudios que evalúen adecuadamente su impacto", ha insistido, toda vez que ha asegurado que se altera el nivel de partida sobre el que se aplicará la futura PAC, condicionando los debates del nuevo modelo español, aún no acordado, y es la convergencia uno de los elementos objeto del debate actual.

Dada la trascendencia de esta medida, el mismo 20 de enero se reunió la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, constituida por las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, junto a la Junta de Andalucía, representada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y acordó de forma unánime el documento de rechazo a este Real Decreto.