Detienen a dos delegados de Empleo de la Junta andaluza por el fraude de la formación 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación iniciada este martes por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía que investiga la juez Mercedes Alaya, ha detenido también a los actuales delegados provinciales de Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en el marco de esta operación que se desarrolla de manera simultánea en varias provincias andaluzas, los agentes de la Guardia Civil han detenido también a la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Otros detenidos son el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.

La operación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que se ha detenido este martes a la exdelegada provincial de Empleo de Almería de la Junta de Andalucía Francisca Pérez Laborda no prevé por el momento nuevas detenciones en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya. Así lo han indicado a Europa Press fuentes del caso, quienes han precisado que la detención de Pérez Laborda, actual técnico eventual en la Delegación de Gobierno de la Junta, se ha hecho en función de su anterior cargo como directora provincial de SAE en el marco de esta operación que se desarrolla en las ocho provincias andaluzas.

Dentro de esta operación, y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.

EL CASO, BAJO SECRETO PARCIAL

En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración.

En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto. En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".