Ruz propone juzgar a Bartomeu, Rosell y el Barça por fraude fiscal en el fichaje de Neymar

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha propuesto juzgar al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu; a su antecesor, Sandro Rosell, y a la entidad como persona jurídica por un presunto fraude fiscal de más de 13 millones de euros en el fichaje del delantero brasileño Neymar.

Ruz, que ha dictado el auto de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, atribuye a los tres imputados delitos contra la Hacienda Pública y administración desleal que pudieron cometer de 2011 a 2014.

El magistrado destaca el protagonismo de Bartomeu "tanto en la génesis de las operaciones contractuales que constituyen la base fáctica del procedimiento", en relación con la contratación de Neymar, "como en el desarrollo del fichaje y en relación al conocimiento, asunción y autorización de los pagos" vinculados a esta operación.

El juez atribuye a los procesados tres delitos fiscales: uno de 3,8 millones de euros correspondiente al ejercicio 2014, ya con Bartomeu como presidente; otro de 2,4 que el club pudo dejar de abonar en 2011; y un tercero de 6,7 del ejercicio 2013.

El magistrado cifra el gasto total del club para el fichaje en 83,3 millones de euros, contra lo defendido por Rosell, que cifró la operación en 57,1 millones.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional elevó el coste del traspaso a 94,8 millones al incorporar los 13,5 que el Barça abonó en febrero de 2014 a la Agencia Tributaria al presentar una declaración complementaria.

COMPETENCIA DE LA AN

El juez también rechaza en un segundo auto la petición del club y de Rosell de que se inhibiera de la causa en favor de un juzgado de Barcelona: Ruz señala que es competencia de la AN teniendo en cuenta la gran cuantía presuntamente defraudada y que la supuesta "distracción de fondos" de la entidad pudo ser cometida por españoles en el extranjero.

Como recordaba el fiscal José Perals, Ruz destaca que el primer contrato se firmó en Sao Paulo (Brasil) el 15 de noviembre de 2011 y el dinero se ingresó en cuentas corrientes de sociedades ubicadas y domiciliadas en este país, lo cual justifica la atribución de la competencia a la AN.

Además, señala que concurren los presupuestos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha informado a favor de que las cuantías defraudadas por encima de los siete millones de euros se instruyan en la AN, y recuerda: "La averiguación de los hechos ha exigido la emisión de comisiones rogatorias internacionales a Brasil y Suiza".

"PERJUICIO ECONÓMICO AL CLUB"

Ruz destaca que las cifras reales del fichaje fueron "ocultadas" por Rosell a la Asamblea General del Barça, lo que "ocasionó un perjuicio económico al club al no incluir en la contabilidad como activo al inmovilizado intangible deportivo las cantidades reales de adquisición del jugador".

El expresidente simuló "operaciones que no tenían como base una relación mercantil real" e ideó una operación para que el club "eludiera o minorara de forma subrepticia la tributación a la Hacienda Pública a que venía compelido como obligado tributario".

Rosell llevó a cabo esta operación para asegurarse el fichaje del futbolista -que tenía contrato con el Santos hasta 2014- y adelantar el fichaje a 2013.

El expresidente había llegado a un acuerdo en 2011 con la empresa del padre de Neymar -propietaria de sus derechos desde 2014- para adquirir la propiedad del futbolista, y otro que se denominó "de préstamo" por el que se adelantaba una remuneración al jugador de 10 millones de euros; por este pago debería haber pagado a Hacienda 2,4 millones.

UNA DECENA DE CONTRATOS EN 2013

En 2013, y para evitar que Neymar pudiera sortear el compromiso pactado, Rosell buscó un acuerdo con el Santos para adquirir sus derechos federativos, lo que tuvo un coste de 17,1 millones de euros.

Sin embargo, firmó con el Santos otros tres contratos: 7,9 millones por un convenio de colaboración con el fútbol base, 4,5 como contrapartida de un partido amistoso que no se ha celebrado, y la participación del Santos en el Trofeu Gamper; además, Rosell y Bartomeu enviaron una carta el 31 de mayo de 2013 al presidente del Santos en que prometían abonar otros 2 millones si Neymar era uno de los tres finalistas al mejor jugador de la Fifa.

A estos contratos se sumaron otros siete con Neymar y las sociedades de su padre por los que se rescindieron los dos acuerdos suscritos en 2011 y se añadieron otros cinco: 8,5 millones como contrato de trabajo; 1,5 en concepto de imagen, 649.985 euros en gastos de representación y gestión del agente del futbolista (su padre, que se llevó un 5% de todos los contratos); 2 millones por el seguimiento de jugadores (400.000 euros durante cinco años), y 4 millones por labores de "agencia" (contratos de publicidad con empresas brasileñas por el que se abonaron dos pagos de 602.000 y 198.000 euros en 2013); por todas estas operaciones el Barça debería haber pagado 6,7 millones.

En 2014 el Barça realizó otro pago de 5 millones a la sociedad del padre de Neymar que formaba parte de la indemnización de 40 millones que se pagó al padre del futbolista para adelantar el fichaje; en este caso el presunto fraude fiscal ascendería a 3,8 millones, ya que el club debería haber tributado al 52% por tratarse de una renta del trabajo imputable a un residente en España.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 investiga el fichaje desde el 22 de enero de 2014, día en que admitió a trámite una querella del socio del Barça Jordi Cases contra el entonces presidente Sandro Rosell, que se vio obligado a dimitir un día después.