El Tribunal de Cuentas impone una fianza de medio millón al ministro Alfonso Alonso

El Tribunal de Cuentas de España ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto, por el alquiler presuntamente irregular de unos locales.

Fuentes del consistorio de la capital alavesa han confirmado a Efe que el Tribunal de Cuentas ha ordenado el pago de 496.223 euros, que deberán abonar de manera solidaria los nueve miembros del equipo del PP que gobernaba el Ayuntamiento entre 2003 y 2007, y ha rechazado la prescripción de este caso, como pedían los investigados.

El Tribunal de Cuentas ha adoptado esta decisión tras escuchar esta la mañana del jueves a los representantes legales de Alonso y del Ayuntamiento, en el procedimiento de investigación que lleva a cabo por un contrato de alquiler de 20 años de unas oficinas municipales en la calle San Antonio de Vitoria por un importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que el propietario había pagado un año antes por la compra del local (2,7 millones).

Fuentes municipales han explicado que en el acta de liquidación provisional, el Tribunal de Cuentas confirma que hubo una responsabilidad contable por parte de la junta de gobierno de entonces, ya que se causó un perjuicio económico a las arcas municipales.

Los afectados, entre los que se encuentra también el actual senador popular y exconcejal en Vitoria Jorge Ibarrondo, deberán por tanto pagar unos 55.135 euros cada uno.

El Tribunal de Cuentas entiende que dicho equipo de gobierno pagó una cuantía superior por el alquiler de los locales municipales de San Antonio en contra del criterio emitido por los técnicos de la Unidad de Valoración del Ayuntamiento, que establecieron en unos 10.200 euros mensuales el precio del alquiler.

Además, la instructora del caso recuerda que se hizo una revisión anual del precio del alquiler hasta nueve puntos por encima del IPC.

El Tribunal hace un cálculo de la cuantía que se pagó por encima del precio adecuado y establece que ese importe, más los intereses, es de 496.223 euros.

Establece asimismo que los distintos concejales de Hacienda desde 2007 incurrieron en un «error», ya que en lugar de calcular la revisión del IPC en el mes de marzo, cuando se firmó el contrato de estos locales en 2007, hacían esa revisión a finales de año, lo que implicó también un incremento económico.

Por ello, impone el pago adicional de 1.696 euros a Javier Maroto, como concejal de Hacienda en aquella época; de 5.228 euros a la responsable de este área entre 2007 y 2011, la socialista Marian Gutiérrez; y de 13.366 euros a Manuel Uriarte (PP), actual responsable de Hacienda.

Con este acta de liquidación provisional se pone fin a la fase de instrucción, por lo que las partes no pueden ya presentar más alegaciones, y se abre la fase de enjuiciamiento en el propio Tribunal de Cuentas.

La representación legal de los nueve investigados ha presentado este jueves precisamente una alegación en la que solicitaba la prescripción de la causa, al entender que este proceso debía ser archivado, puesto que el contrato se firmó en marzo de 2007.

La instructora, sin embargo, la ha rechazado porque considera que el perjuicio económico para el Ayuntamiento se sigue produciendo mes a mes.