Granados obligó a dimitir al alcalde de Majadahonda por "obstruir el flujo de dinero" hacia los cargos superiores del PP

Francisco Granados controlaba a los alcaldes madrileños, de los que recibiría parte del dinero obtenido de contratos adjudicados a dedo. Así lo recoge un informe policial incorporado en el sumario del 'caso Púnica' según informaciones de El Confidencial que concluye que el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ordenó al alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, que dimitiera porque se estaba quedando con el dinero de las comisiones que daban los empresarios y no daba la parte que correspondía a cargos superiores.

"Francisco Granados ordenó la dimisión de 'Willi' pues al parecer este está cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluya hacia estancias superiores del partido, cosa que sí hacía su antecesor", recogen las grabaciones analizadas entre un exconcejal de la localidad madrileña y un empresario y que publica El Confidencial y que sacaron a la luz los investigadores del caso Gürtel -cuando investigaban al alcalde de Majadahonda-.

Granados no le pidió a Ortega su salida inmediata, sino que lo hizo a través de un empresario, el cofundador de la empresa Dico, quien habría recibido contratos de la trama 'Púnica', lo que demuestra la fuerte conexión entre ciertos empresarios y políticos.

El propio juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ya hablaba de esa influencia en el auto por el que encarceló a Granados y en él, describía cómo algunos de los empresarios beneficiarios de adjudicaciones mediaban a favor de otros políticos. Y pone como ejemplo, el caso de uno de los 'conseguidores' de la trama, Alejandro de Pedro quien recibió un trato de favor por parte del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez ?ambos imputados?, a cambio de que el primero mediara para que los superiores del segundo le mantuvieran en el cargo.

"Estos administradores del Grupo Dico tienen tanta influencia sobre los políticos que, además, comunican órdenes de otros políticos de rango superior, como es el caso Francisco Granados", recoge el documento, que añade: "Órdenes tan importantes que además se cumplen, como es el caso de Ortega".

A pesar de que las conversaciones aparecieron a raíz de la investigación de la trama Gürtel, en esta trama, no se le dio importancia a las acciones de Granados. A Ortega le dicen que tiene que abandonar la Alcaldía y que puede elegir cualquier otro puesto dentro de la Comunidad de Madrid, que le sería concedido, "pero que tiene que irse y no obturar el flujo de dinero".

Y, efectivamente, así ocurrió. El regidor se marchó en 2005 alegando motivos de salud para después ser colocado en el Mercado Puerta de Toledo de Madrid con rango de director, por el que pasó a cobrar 6.000 euros al mes. Hay que recordar que todo esto ocurrió cuando Esperanza Aguirre presidía la Comunidad de Madrid.

''TIENE MUCHO QUE OCULTAR"

Según las informaciones de El Confidencial, los dos interlocutores ya alertaban en esa conversación que Granados no podía decirle a Ortega directamente que se marchara porque "tenía lo mismo o más que ocultar". De ahí que utilizara a la empresa con la que mantenía relaciones. Precisamente, en el sumario consta un informe de la Agencia Tributaria que analiza los pagos realizados por el exsenador y exconsejero madrileño, en el que aparecen dos ingresos a Dico en 2007. Uno por la compra de un chalé en Valdemoro por 468.000 euros y otro pago de 500.000.

UNA DENUNCIA ANÓNIMA INICIÓ LA CAUSA

El origen de la causa a Granados tiene dos vertientes. La primera, cuando Suiza envió a las autoridades españolas a principios de 2014 una comunicación por un movimiento sospechoso de un político español con una cuenta en uno de sus bancos con dinero de origen desconocido, que provocó la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la Fiscalía de Madrid ya tenía en secreto otras diligencias abiertas desde 2013 que luego remitió a Anticorrupción por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, tras una denuncia anónima en la que un empresario aseguraba que Granados era el propietario real, aunque no constara a su nombre, de la empresa Waiter Music. "Dicha empresa organiza las fiestas patronales de la mayoría de los grandes municipios de Madrid por decreto, y es que Francisco Granados se dedica a llamar a los alcaldes para 'asesorar' y ya de paso llevar a cabo unos contratos muy sobreelevados en donde una cantidad sobrante vuelve al partido".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) inició una investigación pero no consiguió encontrar las conexiones entre Granados y esta empresa. Tras la investigación de Anticorrupción, el juez Velasco ha podido concluir que Waiter Music ha sido "históricamente adjudicataria" de numerosos contratos públicos en diversos municipios de Madrid, así como con empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Granados "ocupó cargos de relevancia", por lo que envió a prisión a su dueño, José Luis Huerta.