Detectan pagos "irregulares" de 170.000 euros en la Corporació de Salut del Maresme

La Sindicatura de Cuentas ha detectado pagos "irregulares" por un importe total de 170.300 euros a profesionales de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva entre 2009 y 2011 en concepto de representación y prestación de servicios.

Lo ha explicado el síndic ponente, Andreu Morillas, en la Comisión de la Sindicatura del Parlament, en la que ha concretado que el informe de fiscalización es fruto de una resolución del Parlament que instaba a fiscalizar la Corporación entre 2009 y 2011, con especial atención a los gastos de protocolo y representación y a los estudios y dictámenes encargados.

El trabajo ha constatado que la Corporación hizo pagos de más de 46.000 euros por la prestación de servicios profesionales y de 124.336 euros por gastos de representación "sin practicar la correspondiente retención fiscal ni la cotización a la Seguridad Social", lo que eleva la cifra total a 170.330 euros.

Además, la Corporación efectuó contratos de 2,12 millones de euros "sin seguir los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública" y sin negociar con los proveedores, así como subcontratas a la empresa CSC consultoría y gestión SA.

El ente fiscalizador ha constatado una "falta de regulación formal de las relaciones entre la Corporación y la empresa BC Gest SL" para la prestación de servicios a pacientes extranjeros y a pacientes lesionados por accidentes de tráfico.

FISCALIZACIÓN DEL ICAMS

Morillas también ha presentado el informe de fiscalización relativo a la actividad entre 2010 y 2011 del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (Icams), un organismo que se extinguió en 2014 y se adscribió a la Conselleria de Salud de la Generalitat, junto con su personal y patrimonio.

El documento destaca que la liquidación del presupuesto del Icams refleja "correctamente" los ingresos y gastos de la entidad, aunque se detectaron algunos encargos públicos que no siguieron los procedimientos de contratación en términos de notificaciones.

Por su parte, el síndic ponente Jordi Pons ha expuesto a los diputados el informe de fiscalización de la gestión económica de los centros docentes públicos, que concluye que la normativa es "diversa y compleja", e incluye algunas normas que han sido parcialmente derogadas, lo que dificulta su cumplimiento.

Además, destaca que los gestores de los centros "no tienen formación jurídica ni económica, sino docente", así como que el programa informático que deben usar para esta tarea es demasiado complejo.