El juez Velasco toma declaración este miércoles a siete abogados detenidos en la 'operación Mate'

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco toma declaración este miércoles a siete abogados que figuran entre las 16 personas detenidas en la 'operación Mate', tras haber hecho lo propio el martes con las letradas Amaia Izko, Eukene Jauregi, Haizea Ziluaga, Arantza Aparicio y Onintza Ostolaza y con una de las personas pertenecientes a la organización de apoyo a los presos de ETA, Herrira, Nagore San Martín.

Velasco ha dejado en libertad a las seis detenidas que declararon el martes, a las que impone comparecencias mensuales en los juzgados más cercanos a su domicilio y la retirada de sus pasaportes. A las cinco abogadas les imputa delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y dos delitos de defraudación del IVA. Además, establece como medida cautelar la prohibición, durante el tiempo que dure la instrucción, de realizar rondas de control a los presos de ETA, organizadas por el colectivo de abogados. Izko, Jauregi y Ziluaga debían representar a 19 acusados en el juicio contra dirigentes de Batasuna, Acción Nacionalista Vasca (ANV) y Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) cuyo comienzo estaba previsto para este lunes.

En el caso de Nagore San Martin, le impone la prohibición de toda actividad relacionada con Herrira, suspendida por un plazo de dos años desde 2013, o la entidad que la sustituya así como cualquier actividad de apoyo a presos o su entorno. Le imputa financiación de organización terrorista, pertenencia a banda armada, quebrantamiento de media cautelar, fraude a la seguridad social, delito tributario y blanqueo.

El resto de los abogados arrestados --Ainhoa Baglietto, Alfonso Zenon Castro, Jaione Karrera Ciriza, Atxarte Salvador Navarro, Kepa Mancisidor Chirapozu, Aiert Larrarte Aldasoro y Ane Ituiño Pérez-- declaran este miércoles, mientras que el jueves pasarán a disposición juicial tres de los tesoreros de Herrira, Francisco Javier Balda Araña, Jon Mintegiaga Oiarbide y Javier Carballido Ezkerra.

La Guardia Civil detuvo este lunes a 12 abogados de ETA y otras cuatro personas pertenecientes a la organización de apoyo a los presos. Los letrados están acusados, además de integración en la banda, de delitos de blanqueo y delitos contra la Hacienda Pública. En concreto, llegaron a ocultar al fisco unos ingresos superiores a 1.300.000 euros durante los años 2012 y 2013, procedentes de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos de ETA (EPPK por sus siglas en euskera), según informa Interior.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz precisó que estos gastos fueron sufragados por Herrira. De hecho, 4 de los 16 detenidos por formar parte del denominado 'frente de cárceles' son miembros de Herrira que ejercían labores de tesorería dentro de esta organización que tiene suspendidas sus actividades por decisión judicial.

Los detenidos como tesoreros de Herrira gestionaban los mismos recursos económicos que las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, además de utilizar las mismas técnicas, hasta el punto de asumir sus deudas pasadas y continuar su actividad. Entre sus funciones se encontraban la de efectuar los pagos a los letrados que formaban parte del "colectivo de abogados" por las actividades que realizaban.

Los arrestos tuvieron lugar en diferentes localidades del País Vasco, Navarra y Madrid y se han realizado diversos registros en domicilios y locales utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas que realizaron entre los años 2012 y 2013. Entre los lugares registrados se encuentra la sede del sindicato abertzale LAB en Bilbao.

La operación ha supuesto la desarticulación del entramado financiero que sustentaba económicamente al "colectivo de abogados" (BL) y supone también la práctica desaparición de la estructura utilizada por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices de la banda.

La Guardia Civil considera que los abogados detenidos formaban una estructura organizada que aprovechando la cobertura que les otorga su actividad profesional, ejercían sus funciones siguiendo las directrices marcadas por la banda terrorista, anteponiendo, de esta manera, los intereses de ésta a los de sus defendidos.