Familias vulnerables destinan más del 10% de sus ingresos a suministros energéticos

Familias vulnerables destinan más del 10% de sus ingresos a hacer frente a los pagos de suministros, cuando la media estatal es de un 5%, según el estudio 'Efectos de la pobreza energética en hogares en situación de vulnerabilidad social', de Fuel Poverty, de la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) y Ecoembes.

Núria Salas (ABD) ha explicado que el estudio, con una muestra de 100 encuestas entre enero y marzo a familias acogidas a un programa de inserción social y laboral de la asociación, se centra en un colectivo de extrema fragilidad, la mayoría del barrio de La Torrassa de L'Hospitalet, pero que puede "dar pistas" sobre situaciones similares.

La presidenta de ABD, Felisa Pérez, ha considerado que unas 320.000 familias podrían padecer pobreza energética en Catalunya y que las empresas energéticas "deberían poner soluciones".

El estudio se centra en familias donde en el 88% de los casos un miembro está en el paro, en un 70% lo están todos, el 67% con menores a cargo y en un 21% no tienen ingresos; la media de ingresos por unidad familiar es de 552 euros y un 93% ha tenido contacto con los servicios sociales de su municipio.

El estudio incide en la importancia de la vivienda en la pobreza energética, ya que en un alto porcentaje de los encuestados el aislamiento de su hogar es deficiente, un 87% habría encendido más la calefacción y un 21% admite que no calienta el hogar.

Un 13% de las familias asegura haber sufrido cortes de suministro en los últimos seis meses, y aunque un 79% cumplen los criterios para acceder al bono social, solo un 3% se ha acogido y ninguna a la tregua invernal decretada por la Generalitat.

MAYOR IMPLICACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS

Tanto Salas como Marta Garcia (Ecoembes) han pedido que se facilite la información con una campaña de cara a aprovechar el acceso a bonificaciones, y han remarcado que eso es competencia de la Generalitat y el Gobierno central, de la misma manera que medidas concretas para la rehabilitación de viviendas y una mayor implicación de las compañías.

García ha explicado que del millón de pensionistas con pensiones mínimas solo se acogen al bono social unos 300.000, y que de las dos millones de familias numerosas con todos sus miembros en el paro solo se acogen 60.000.

Salas ha asegurado que en algunos casos las familias comienzan a sufrir la disyuntiva entre "comer o calentarse", con la angustia que ello supone y que hace que algunas para hacer frente a los gastos se planteen todo tipo de estrategias para reducir el consumo energético.