Torres-Dulce cree que la orden de suspensión del TC no dejó "margen alguno a la duda"

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, sostiene en la propuesta que este miércoles tiene sobre la mesa la Junta de Fiscales de Sala convocada para estudiar la presentación de una querella contra Mas y miembros de su Gobierno que el contenido de la orden de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 4 de noviembre "no dejaba margen alguno a la duda" y afectaba a toda actuación que contribuyera a impulsar el denominado "proceso de participación".

Así se señala en la "nota para la Junta de Fiscales de Sala", a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Torres-Dulce concreta que la acción penal debería dirigirse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, por los delitos de desobediencia, malversación, prevaricación y de obstrucción a la Justicia o usurpación de atribuciones judiciales por su papel en la organización del llamado "proceso participativo" del 9N . A su juicio, la suspensión del TC afectó también a las acciones que no se hubieran formalizado jurídicamente "precisamente para prevenir actuaciones materiales en fraude de ley o vías de hechos buscadas intencionadamente para impedir su eventual impugnación". En los actos de impulso de estas actuaciones participaron de forma "personal y directa" Mas y su vicepresidenta, según el fiscal general.

Torres-Dulce comienza su nota señalando que la consulta celebrada el pasado nueve de noviembre fue "planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña" y que ello se articuló principalmente a través de su web. Frente a ello, y conociendo sus obligaciones, el Gobierno de Mas "desplegó una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución" con el "designio original de celebrar una consulta de naturaleza materialmente referendaria igualmente suspendida por el TC", en la primera de sus resoluciones sobre este asunto.