Joaquim Nadal en la encrucijada por supuestamente cambiar la recalificación de unos terrenos

Hace unos días que Joaquim Nadal está en entredicho por la supuesta recalificación de unos terrenos que podría haber beneficiado a José Manuel Lara. El diario digital Extraconfidencial publica la siguiente información.

"Que al señor de la villa no le perturben en su paraje". La Cataluña de hoy parece ser como en los viejos cuentos medievales: con castillos (en este caso, masías); señores de horca y cuchillo (es decir,todopoderosos, en donde todo se compra y se vende), y probi homines (o especie de Corregidores) al servicio de la ´nobleza´... caiga quien caiga. Sólo que en esta historia actualizada, el sitio feudal es el pueblo de Santa Cristina d´Aro; los ´desposeídos´, los propietarios de la sociedad Varal Real Estate, que querían construir un polígono industrial en el lugar; el señor del ´castillo-masía Can Dalmau´ es el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, y los probi homines, el ex alcalde socialista, Ricard Herrero, el ex conseller de Obras Públicas con el tripartit y ex dirigente histórico del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Joaquín Nadal, y el ex gerente del Incasòl, Emili Mas. A estos últimos -y a otros-, les acusa la Guardia Civil y el Fiscal Anticorrupción de "estafa consumada" para favorecer supuestamente a José Manuel Lara Bosch, presidente del Grupo Planeta. Es otra historia más del fantasma de la corrupción que recorre España.

La noticia saltó a los medios de comunicación hace unos días, tras conocerse el escrito deAnticorrupción en el que se pedía el procesamiento de los citados. Pero el caso viene de mucho más lejos y es mucho más enrevesado. Sucintamente, la historia es así: una empresa barcelonesa,Varal Real Estate SL, administrada por Elisabeth Batet Llopart, había comprado unos terrenos en la zona de Reixac próximos al Valle Solius para construir un Polígono Industrial. Pero el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, había comprado una masía, Can Dalmau, y unos terrenos forestales justo al lado, por 6,5 millones de euros y, claro, tener un Polígono Industrial como vecino no es algo deseable.

Sospechas de ocultación de información para favorecer a Lara

Algo debió de remover Lara -eso dice la Guardia Civil en su Informe, al que extraconfidencial.comha tenido acceso-, porque, en ese momento (octubre de 2006), entró en escena el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), que presidía Joaquín Nadal y firmó un Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cristina d´Aro (Baix Empordà) y con la empresa que iba a desarrollar el Polígono, Varal Real Estate.

El acuerdo preveía trasladar el Polígono a otra zona, la de Bernades... pero ésta zona de permuta tenía un "pequeño problema" que no se le comunicó a Varal Real Estate: el terreno era "inundable", por lo que su desarrollo urbanístico resultaba imposible. Resultado: la Guardia Civil y el Fiscalsospechan que Nadal y el ex alcalde de Santa Cristina, el también socialista Ricard Herrero, "tenían conocimiento" de esa circunstancia y la "ocultaron" a la empresa... y todo para favorecer a la masía de Lara.

De ahí que el Fiscal Anticorrupción les acuse del delito de "estafa consumada" y que la titular delJuzgado de Instrucción número 25 de Barcelona, Elena Carasol, haya imputado a Joaquim Nadal Farreras, conseller de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat en la fecha de los hechos; Joan Llort Corbella, entonces director general de Urbanismo del departamento de Política Territorial y Obras Publicas de la Generalitat; Emili Mas Margarit, director del Incasòl en tiempos de Nadal; Ricard Herrero Suñer, ex alcalde del Ayuntamiento de Santa Cristina d´Aro, yMiguel Coma Tarres, secretario consistorial en la fecha de los hechos.

La sociedad Varal Real Estate exige una indemnización de 94 millones de euros. Ahí es nada lo que puede costar la broma para que, supuestamente, José Manuel Lara y familia disfruten de buenas vistas dese su masía.

94 millones de euros en pérdidas...

El documento del Fiscal Anticorrupción es contundente en sí mismo, pero el Informe de la Guardia Civil -de fecha 26 de febrero de 2014 y casi doscientos folios, al que Extraconfidencial.com ha tenido acceso junto a otra documentación del sumario-, no tiene desperdicio. En definitiva, dice que el entonces alcalde socialista de Santa Cristina d´Aro, que había calificado los terrenos adquiridos por Varal en Solius, la parcela 611, recibió instrucciones (sic) de Joaquim Nadal para cambiar la calificación de los terrenos de forma fulminante.

Es decir, que pese a estar aprobada la licencia de obras a favor de Varal Real Estate e iniciadas las mismas en Solius, el ex alcalde cambió de idea en menos de 15 días, tras hablar con Nadal, y anunció que el suelo industrial de Solius, que afectaba a la finca propiedad de Varal, dejaría de ser industrial y se crearía una nueva zona en el sector de Bernardes.

Ahora bien, según explicita la Guardia Civil -y recogió en su demanda la abogada de la empresa, Concepción Trabado, que inició todo el expediente de forma brillante-, todos los denunciados eran conocedores de que el sector de Bernardes nunca se desarrollaría, por ser inundable, lo que hacía inviable la construcción. Según hace hincapié la empresa tras el Informe de la Guardia Civil es que "este dato era conocido por los denunciados, y que lo ocultaron a mi representada, por lo que los denunciantes fueron objeto de un engaño, como detallada y sólidamente recogen los informes de la Guardia Civil".

Esa conclusión -que admite plenamente el Fiscal- es aprovechada por la empresa para asegurar que su verdadero perjuicio patrimonial viene dado por una pérdida valorada en 94.123.985 euros (una vez que estuviera terminada la construcción del Polígono Industrial), según consta en el Informe del economista del propio Incasòl, Ricard Meléndez, que también se incluye en el sumario.

El contundente informe de la Guardia Civil

La investigación de la Guardia Civil sobre este caso es demoledora. En primer lugar, confirma que en septiembre de 2006, para adquirir la mitad de Moli d´en Reixac a Varal y hacer la permuta de terrenos que supuso finalmente un fraude, el Incasòl solicitó autorización a su Consejo de Administración, que estaba presidido entonces por el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquín Nadal, y que este Consejo autorizó la adquisición de la finca Moli d´en Reixac de Varal y la finca propiedad de Jean Louis Lagree, sita en Bernades, por un importe total de 8.300.000 euros, para hacer la permuta.

Pero ya aquí hubo irregularidades, según declaró a la Guardia Civil Joan Llort, como director general de Urbanismo e integrante del Consejo de Incasòl, quien reconoció que la actuación no fue viable económicamente; es decir, que además de todo, el precio para la adquisición de las fincas fue desorbitado ("Los precios máximos fijados por la Unitat de Programació i control del Sól eran de 40,34 ?/m2, siendo el precio pagado de 124,63 ?/m2", dice la Guardia Civil).

Para justificar esa operación, Nadal, entonces conseller de Política Territorial y Obras Públicas y presidente del Unitat de Programació i control del Sól y de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona, declaró a la Benemérita que "cuando el Govern ve que el planeamiento del sector industrial Molí d´en Reixac, es de ejecución inminente, es cuando se da cuenta del valor paisajístico de esta zona, surgiendo la voluntad de detener su desarrollo, por el riesgo que las obras comportarían para este valor".

Pero como la Guardia Civil no es tonta, escribió en su Informe:

"Lo referido parece indicar que realmente el interés del Incasòl estaba, por motivos ignorados [´motivos´ que a lo largo de todo el Informe relacionan con la finca del editor José Manuel Lara], en impedir que enla zona de Reixac se desarrollara un polígono industrial ya en su día autorizado y comenzado a urbanizar, conscientes asimismo desde un principio de que Bernades no se podría urbanizar como zona industrial por dos causas principalmente: 1.- Su inviabilidad económica, causa finalmente por ellos reconocida. 2.- El riesgo de inundabilidad que amenaza la zona, que si bien el Incasòl trata de evitar aflore a la luz como la principal -y suficiente en sí misma -, desde siempre es una amenaza latente, de la que son conscientes los ciudadanos y propietarios de parcelas en la zona, que en alguna ocasión ya se hizo realidad".

En fin, que para la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción está claro de clarísimo: para hacer un favor a un importante editor, el gobierno autonómico -es decir, todos los ciudadanos- puede que tengamos que pagar 94 millones de euros. Y es que una supuesta estafa es una supuesta estafa.

Jorge Ventura