El Supremo sentencia en el caso de la ATLL a favor de Agbar

Catalunyapress.- El Tribunal Supremo ha dado la razón este jueves al tribunal administrativo en el contencioso de la ATLL. Según su sentencia, conocida en las últimas horas, ha aceptado las medidas cautelares que la institución que presidía en su día Juan Antonio Gallo dictara en enero de 2013 y ha apartado a Acciona de la gestión de Aguas del Ter Llobregat (ATLL).

Con esta decisión que sienta jurisprudencia, el resultado final dice que Agbar ha ganado y que Acciona ha perdido. El resultado práctico es que la Generalitat de Mas-Colell tendrá que apechugar con un agujero próximo a los mil millones de euros en las cuentas correspondientes al ejercicio 2012.

Ahora la Generalitat debe resolver si asume de nuevo la gestión de la ATLL o dar paso a una "adjudicación exprés" en la que debe encontrar un nuevo gestor que esté dispuesto a asumir los desmesurados costes que la operación implica, o sea poner sobre la mesa trescientos millones en el acto y además asegurar a la administración que le va a pagar 700 millones más en los 50 años que dure la adjudicación.

Otro de los grandes perjudicados de esta operación es el banco brasileño BTG Pactual, que fue el gran avalador de los pagos de Acciona, y que ahora mismo se ve con la dificultad de recuperar las cantidades invertidas.

Una de las soluciones que se ha barajado en los últimos tiempos es que Agbar se hiciera cargo de nuevo de la operación, y compensara a las partes con las cantidades ya indicadas. Pero eso es "harina de otro costal".

GENERALITAT

Fuentes del Govern han declinado pronunciarse sobre el fallo del TS hasta que responda al recurso que presentó la propia Generalitat para pedir la suspensión cautelar de la resolución del OARCC, respuesta que se prevé en los próximos días y en la misma línea que la sentencia desestimatoria para la solicitud de BTG Pactual.

Fuentes de Agbar han argumentado que, tras llegar al Tribunal Supremo, la Generalitat "no tiene más remedio que acatar la resolución del OARCC y del TSJC, así como del Tribunal Supremo, y liquidar de forma inmediata el contrato".

Añaden que, en consecuencia, "Acciona tiene que ser excluida de la gestión del contrato" y la gestión deberá ser asumida de forma transitoria por la Generalitat hasta que se realice la nueva adjudicación.

La resolución del OARCC, del 2 de enero de 2013, suspendía la oferta de Acciona argumentando que la mesa de adjudicación dio cero puntos a Acciona en la oferta pública, lo que debería haber anulado su propuesta, ante lo que el Govern explicó que las propuestas económicas primaron por encima de las técnicas.

Según ha informado este jueves el TS, La Sala de lo Contencioso-administrativo señala que la Generalitat formalizó el contrato con Acciona sin esperar a la resolución posterior del OARCC que la dejó fuera del concurso.

Recuerda que, de prosperar el recurso contencioso-administrativo, si no es posible su reposición como adjudicataria, podrá ser resarcida como sucede en otros casos.

Añade que los daños económicos para los intereses públicos por los que vela la Generalitat dependerán de la suerte que haya de correr el concurso y de la adjudicación que finalmente se efectúe, por lo que "no cabe tenerlos por tan precisos y determinados como mantiene la recurrente, que los cifró en más de 1.000 millones de euros".

Fuentes de Acciona y del consorcio han explicado que esta sentencia "no altera ni material ni procesalmente la situación precedente" ya que solo desestima una medida cautelar, por lo que entienden que el contrato debe seguir considerándose plenamente válido y vigente.

Las mismas fuentes han afirmado que el TSJC denegó por dos veces la suspensión del contrato, y remarcan que la cuestión de fondo debe resolverse todavía de forma definitiva en los procesos contenciosos administrativos que todavía están en curso.

PSC PIDE EXPLICACIONES A MAS-COLELL

El PSC ha registrado este jueves una petición de comparecencia en el Parlament del conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, y del de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, para que expliquen en qué situación queda Aigües Ter-Llobregat (ATLL) tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Así lo ha explicado en declaraciones en los pasillos de la Cámara el diputado del PSC Jordi Terrades, después de que el TS haya desestimado las medidas cautelares que solicitó BTG Pactual para que no se ejecutase el dictamen del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Catalunya (OARCC) que dejaba sin efecto la oferta de Acciona --en la que BTG Pactual es socio-- en la adjudicación de la gestión de la empresa ATLL.

"Esta sentencia lo que dice es que la privatización estrella del Govern hace aguas", ha sostenido Terrades, tras asegurar que ya advirtieron de que el Govern había seguido un procedimiento incorrecto que podía acabar con una sentencia que recogiera que no podían adjudicar la concesión de ATLL a Acciona sin conocer previamente el informe que tenia que hacer el organismo contractual de la misma Generalitat.

El diputado del PSC ha pedido a ambos consellers que aclaren cómo afrontarán los mil millones de déficit que aflorarán de nuevo en el presupuesto, de los que Acciona ya había pagado 300 millones al inicio del contrato: "Es un tema muy grave que afecta a las finanzas muy complicadas de la Generalitat".

También ha reclamado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que explique si exigirá responsabilidades por esta sentencia, y ha pedido que la Agència Catalana de l'Aigüa (ACA) recupere de nuevo la gestión del suministro.