Francisco Granados, el Presidente de la Diputación de León y seis alcaldes de Madrid, entre los 51 detenidos

La macrorredada denominada "operación Púnica" se ha saldado con 51 detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia. Entre los arrestados están los alcaldes de los municipios madrileños de Parla y Valdemoro. El dinero defraudado rondaría los 250 millones de euros por adjudicaciones públicas

Entre los 51 detenidos también se encuentran el presidente de la Diputación de León, el también popular Marcos Martínez, sucesor de Isabel Carrasco, asesinada el pasado mes de mayo. Marcos Martínez ha abandonado sobre las 11.45 horas la sede de la institución provincial custodiado por tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El sustituto de Isabel Carrasco, que también es alcalde del municipio de Cuadros (León), fue introducido en un coche del Instituto Armado y abandonó el palacio de los Guzmanes, sede de la institución, ante la mirada de decenas de periodistas y otras personas que se habían congregado en el lugar al conocer la noticia de su arresto. Además entre los empresarios arrestados figura David Marjaliza, vinculado junto a Francisco Granados, a la red de espionaje a políticos del PP. También han sido detenidos los alcaldes de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, del PP, y de Parla, José María Fraile, del PSOE.

La trama firmó sólo en los dos últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. La investigación se inició gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades Suizas "por sospechas graves de blanqueo", que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, "quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante la Audiencia Nacional, que incoo diligencias en junio de este año".

La operación la dirigen la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Eloy Velasco. Las fuentes consultadas no descartan que haya más políticos implicados en la operación. La operación, que está a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y estaba planificada desde el miércoles de la semana pasada.

En concreto a la trama se le imputan los delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico de Influencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos, Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal. La macroperación desplegada este lunes tiene por objeto «la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos».

Además se han ordenado 400 mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos. Por ultimo se han dictado también 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.
Ayuntamientos de Valdemoro y Parla

Agentes de la Guardia Civil registran desde primera hora de la mañana la sede del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Parla, gobernado por el socialista José María Fraile, según han confirmado a Efe fuentes municipales. A las 09.00 horas se han personado dos vehículos de la Guardia Civil, que todavía continúan apostados a las puertas del Consistorio y, según ha informado personal del Ayuntamiento, se está tomando declaración a técnicos municipales. Según las mismas fuentes, han entrado en el Consistorio varios agentes uniformados portando cajas presumiblemente para incautarse de documentación.

También se ha ordenado el desalojo del Ayuntamiento de Valdemoro de la que fue alcalde Francisco Granados. Según han explicado a Efe fuentes municipales, alrededor de las 10.15 horas la Guardia Civil ha ordenado a los trabajadores que abandonasen el Ayuntamiento, tanto el edificio en el que se encuentran la Alcaldía, la secretaría y los grupos municipales, como el edificio en el que se encuentra el área de Urbanismo. Una comisión judicial apoyada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también está registrando el Ayuntamiento de Collado Villaba, gobernado por el popular Agustín Juárez y el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el popular Daniel Ortiz, los agentes estarían revisando contratación de Alcaldía.