El Gobierno estudia impugnar el nuevo proceso del 9N

Los servicios jurídicos del Estado están estudiando el asunto pero el Ejecutivo avisa de que si no cumple las garantías democráticas a que tienen derechos los ciudadano será impugnado

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tildado de "más antidemocrático" que el anterior el nuevo proceso de participación ciudadana impulsado por el president Artur Mas, a pesar de que precisamente este viernes dicha consulta ha sido respaldada por el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Para Saénz de Santamaría, "todo parece apuntar a que la Generalitat pretende sustituir un procedimiento ilegal por otro todavía más antidemocrático" en el que se pretende "trasladar a los ciudadanos responsabilidades y obligaciones que el mismo president no asume por fórmulas por escrito". Así, lo que está haciendo el jefe del Govern, según Santamaría, es depositar o descargar en "los ciudadanos y en todo tipo de funcionarios", una responsabilidad que no les corresponde. Y Frente a esta situación, "nuestra obligación es dar a esas personas tranquilidad", ha proclamado.

La dirigente ha confirmado que los servicios jurídicos del Estado están estudiando todas las actividades que desde el Govern se están llevando a cabo, como las campañas institucionales, la inscripción de voluntarios, la puesta a disposición de locales para votar, etc., a fin de estudiar si pueden impugnarse ante el Tribunal Constitucional. Se trata de ver si el proceder del Govern de Catalunya se ajusta a la legalidad y a las necesarias garantías democráticas a que tienen derecho los ciudadanos. En caso de que no sea así, el proceso será impugnado.

"Tenemos que preservar la legalidad y las garantías democráticas", ha alegado la vicepresidenta, porque "a los ciudadano no se les puede poner en situaciones de "dudas, miedos o inseguridades" por el hecho de que el presidente del Gobierno catalán no esté dispuesto a asumir la ilegalidad de un procedimiento. "Se está transfiriendo a los ciudadanos una responsabilidad que ni si quiera quieren asumir por escrito", ha insistido.