Los plazos de inicio de juicios para indemnización por despido suben hasta el año desde la crisis

El plazo desde que se produce un despido hasta la fecha en que se celebra el juicio para determinar la indemnización que debe cobrar el despedido ha pasado de los cuatro meses antes de la crisis al año o año y medio actual, ha explicado la diputada del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), Eva Pous, en la presentación este lunes del Informe de Justicia 2014 de la entidad.

"Es una vergüenza", ha lamentado la diputada en la rueda de prensa de la presentación del informe, donde ha achacado los retrasos en el señalamiento de la fecha del juicio a la eliminación de los salarios de tramitación, que obligaba a los empresarios a pagar a sus trabajadores una remuneración hasta la fecha del juicio y que la última reforma laboral ha hecho desaparecer.

"Ahora pasa que el empresario despide y, como no tiene obligación de pagar un salario preventivo, no llega a conformidad y no tienen problema en que se alargue hasta esas fechas", ha advertido añadiendo que, en caso de que la empresa se declare insolvente, el FOGASA --organismo público que debe hacerse cargo del pago de la indemnización y que actúa cuando ya a salido la sentencia-- tarda en pagar un año y medio más, cuando antes lo hacía en cuatro meses.

"Si sumamos el tiempo que tarda en salir la fecha del juicio más el tiempo que tarda en pagar el FOGASA desde la sentencia, nos encontramos casos en los que la gente tarda entre tres y cuatro años en cobrar la indemnización por despido, cuando el paro dura dos años", ha aclarado.

En el últimos años de crisis, el tiempo de tramitar un contencioso-admisnitrativo también ha ascendido a entre siete meses y un año; los plazos para tramitar estos juicios contra la administración durante ese periodo han llegado a un máximo de espera de dos años.

MIEDO A LAS TASAS

El informe del ICAB muestra que el 68% de los abogados encuestados aseguran que sus clientes se han echado atrás a la hora de abrir un proceso jurídico por el cambio en la ley de tasas, aunque el decano del colegio, Oriol Rusca, se ha mostrado "esperanzado, ya que la ley de tasas en Catalunya se ha hecho pactada con el ICAB".

"El exmisntro [Alberto Ruíz Gallardón], dijo que no las subiría mucho y no fue así, y dijo que lo recaudado iría para la Justicia, y tampoco", ha desvelado el decano que ha recordado que las tasas son tributos que se hacen al Estado y que no se recuperan aunque el demandante tenga razón.

Rusca ha detallado que el mal endémico de la administración de Justicia siguen siendo los retrasos, aportando el dato de que sólo un 7% de los juicios empiezan a su hora, por lo que ha lamentado que "muchos han sido los gobiernos que han pensado que cambiando algunas leyes se arreglaba todo cuando lo que hay que hacer es una revolución de fondo".

De los motivos por los que los juicios van con retraso, los abogados han destacado la falta de puntualidad, normalmente de los jueces y de los fiscales; y la falta de racionalización de la agenda "en la que se pueden pautar juicios cada diez o quince minutos, cuando van con retraso, lo que provoca que la gente espere horas para que se inicie su juicio", ha criticado el Rusca.

Al margen, están los que se suspenden el mismo día del inicio de la vista que, a juicio del decano, "es algo que se puede evitar", haciendo un seguimiento de las notificaciones y de las personas que se deben presentar previamente al inicio del juicio, que a día de hoy no se hace.

El decano ha considerado fundamental la modernización de la Justicia con la que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido porque "no puede ser que en Justicia se vaya con lápiz y goma, y llevando papeles de un lado a otro, mientras que en la administración de Hacienda tocando un sola tecla sepas lo que va a pasar dentro de 20 años".

Cada año se presentan en los juzgados 8,5 millones de asuntos pero dos quedan por resolver, una cifra que podría ser superior, ya que no todos los asuntos judiciales se resuelven por sentencia --sólo 1,7 de cada 10 asuntos--.

USO DEL CATALÁN

El estudio destaca también que sólo el 25,52% de los abogados utilizan el catalán en la ejecución de su tarea, dentro y fuera de las salas de juicio.

Rusca ha lamentado además que en el turno de oficio, cuando el letrado debe ausentarse de su despacho, en ocasiones hasta dos y tres meses, si se le paga el máximo; la cuota alcanza los 500 euros, "lo que supone que está cobrando menos de un euro la hora y que ha provocado el cierre de algunos despachos".