Tras el último gran desalojo en el Poblenou 360 personas siguen reclamando vivienda, trabajo y papeles

Las alrededor de 360 personas que vivían y trabajaban en las naves de las calles Puigcerdà y Pere IV en el barrio del Poblenou de Barcelona continúan, a un año del desalojo, reclamando una alternativa digna de vivienda, trabajo y papeles, según ha comunicado la Asamblea Solidaria Contra Desalojos (ASCD) en un comunicado.

A primeras horas de la mañana de un 24 de julio de 2013, un fuerte despliegue policial de mossos, con 55 furgones, desalojaron el último gran asentamiento del barrio barcelonés del Poblenou. Por eso, este jueves, la asamblea se reunió en el lugar de los hechos: "El día del aniversario nos encontramos unos cuantos en el solar de la antigua nave de la calle Puigcerdà. Éramos vecinos y vecinas, entidades, colectivos y personas que habían vivido allí. No podíamos dejar pasar este día sin recordarlo. Se pintó una gran pancarta que quedó colgada en la valla donde queda patente la necesidad de trabajo, vivienda y papeles, y por eso la lucha continúa".

El desalojo llegaba días después de las reuniones que la ASCD había mantenido con el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la Subdelegación del Gobierno y la Dirección General de Inmigración de la Generalitat.

Unas reuniones que tenían el objetivo, según explica la asamblea en un comunicado, de "ligar unos compromisos con las tres administraciones para que atendieran las necesidades de vivienda, trabajo y papeles para las personas afectadas".

Un año después, denuncian que prácticamente no quedan grandes asentamientos en el Poblenou, pero "las personas no desaparecen, y se las sigue viendo por la calle recogiendo chatarra, viviendo en otros espacios, casas o pisos sobreocupados y luchando por su subsistencia".

Por eso, acusan al Ayuntamiento de "falta de sensibilidad" hacia las entidades y colectivos que trabajan con esas personas, por haber tenido que enterarse a través de los medios de comunicación de la creación de una "cooperativa de chatarra que dará trabajo a 30 personas".

El Ayuntamiento adquirió hace un año los compromisos de facilitar un techo e iniciar un proyecto de inserción laboral, pero a día de hoy, todavía no se han cumplido. Si bien el Consistorio asegura que 110 personas viven en las pensiones o albergues donde se las ubicó después del desalojo, esta es una solución que según la asamblea "no satisface a muchos de los afectados, por el carácter temporal y sobre todo por las limitaciones que conlleva de cara a realizar determinados trabajos como la recogida de chatarra". Por eso, lo que piden son pisos de protección oficial.

En cuanto a la inserción laboral, explican, el proyecto de la cooperativa que puede llegar a crear 30 puestos de trabajo, es considerado una buena noticia, pero lo ven de "acceso muy restringido", ya que hay pocas plazas disponibles, y les "preocupa mucho cómo se gestionará".

La asamblea cifra en un millar las personas que actualmente viven de la chatarra y sospechan que se persiga con mayor dureza a los que no estén en la cooperativa, ya que se trata de una actividad que por ahora contradice las ordenanzas. Además, denuncian que de los 90 expedientes que la ASCD ha presentado a la Delegación del Gobierno, 50 han sido denegados.