El juez imputa al presidente de CiU de la Diputación de Tarragona también por tráfico de influencias

Un juzgado de Reus ha imputado al presidente de la Diputación de Tarragona y alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, de CiU, y a seis concejales por un presunto delito de tráfico de influencias dentro del 'caso Innova' por contratar para el proyecto del nuevo CAP del municipio a Jorge Batesteza con el fin de influir en la Generalitat y que "fuese administrativamente más rápido".

"Vila-seca se procuró la contratación de Jorge Batesteza, no por su innegable capacidad técnica y experiencia, sino para sacar provecho de los cargos que en el pasado ocupó en el Servei Català de la Salut", concluye un auto recogido por Europa Press, en el que el juez levanta el secreto de sumario de la pieza del caso sobre las irregularidades del proyecto de este edificio.

Poblet y otros seis concejales --Xavier Farriol, Manuela Moya, Josep Maria Pujals, Josep Toquero, Esmeralda Núñez y Ana Josefa Girona-- ya estaban imputados en la causa por los presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y falsedad documental.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Reus, Diego Álvarez de Juan, también obliga al presidente de la Diputación, a los concejales y a Batesteza a depositar una fianza de 280.000 euros cada uno "a fin de cubrir las responsabilidades pecunarias que se puedan derivar de los hechos imputados", ya que de lo contrario se procederá al embargo de bienes.

Batesteza abandonó su cargo como gerente de infraestructuras del Servei Català de Salut el 31 de mayo de 2007, tras lo que se le asignaron varios servicios de asesoría técnica relacionados con la construcción del nuevo hospital de Reus --por parte de la empresa pública vinculada al Ayuntamiento de Reus, Innova-- y del nuevo CAP de Vila-Seca, por parte del Consistorio de este municipio.

La adjudicación presuntamente no respetó el procedimiento legalmente establecido con el fin de beneficiar a Batesteza y a su empresa, Bbats Consulting % Projects, frente a posibles competidores y "se le contrató para influir en los técnicos de la Generlaitat y agilizar los trámites administrativos".

Además, el juez cree que "se emitieron y se pagaron facturas por trabajos no realizados", algo que considera que sabían los concejales que no lo denunciaron faltando a sus obligaciones como cargos públicos.

"Ambos ayuntamientos contrataron con la finalidad de evitar el radar de la fiscalización administrativa y eso es, indiciariamente, delictivo", concluye el juez.

También considera que, lo que tendría que haber sido un único contrato con el Ayuntamiento de Vila-seca, se fraccionó en cinco menores con el fin de "evitar el procedimiento de contratación ordinario que exige respetar los principios de concurrencia y publicidad".

IMPUTADO EL ARQUITECTO MUNICIPAL

En este auto, el juez también amplía la imputación al arquitecto municipal de la localidad, Rafael Bertrán, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos por funcionario público.

Explica que, si bien al principio de la causa no había indicios suficientes para imputarlo, ahora la investigación "ha determinado que su papel en los hechos ha sido fundamental para el resultado presuntamente delictivo".