LA PLANTA MUNICIPAL ESPAÑOLA, UN DEBATE INAPLAZABLE

Acabo de participar como ponente en un Seminario sobre los aspectos económicos de la reforma de los gobiernos locales organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a través del Centro Ernest Lluch de Barcelona y aunque ninguna de las ponencias trataba específicamente sobre ella si hubo una preocupación que se suscitó en todas ellas y es la planta municipal española.

Acabo de participar como ponente en un Seminario sobre los aspectos económicos de la reforma de los gobiernos locales organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a través del Centro Ernest Lluch de Barcelona y aunque ninguna de las ponencias trataba específicamente sobre ella si hubo una preocupación que se suscitó en todas ellas y es la planta municipal española, la división en microayuntamientos de nuestros sistema local que hace absolutamente imposible la aplicación de políticas de racionalización en la gestión o de implantación de servicios con el nivel de exigencia mínimo que lleva estar en pleno Siglo XXI. No en vano, según los datos comparados entre países de la OCDE y los que arroja nuestro Instituto Nacional de Estadística, Brasil, por ejemplo, tiene casi los mismos Ayuntamientos que Castilla y León, con la diferencia abismal evidente tanto en población como en extensión de ambos territorios, o si nos fijamos más en nuestro entorno la gran mayoría de países de Europa ya fusionaron sus ayuntamientos en la segunda mitad del siglo XX, reduciéndolos en más del 62 % de media, y algunos hasta el 80 %.

Por nuestra parte, el mapa de planta local nos da una foto fija, descartando las ciudades con más de 50.000 habitantes que sólo suponen el 1,8 % del total pero pueden desvirtuar las cifras globales, según la cual la media de habitantes por Ayuntamiento en España es de 2.767, muy por debajo de la media europea que, por regla general y salvo excepciones justificadas, ronda los 5.000 habitantes, y contando con Comunidades como Castilla y León con una media de 627, Aragón con 789 o La Rioja con 972, por citar las más llamativas. Esta foto fija se completa con los siguientes datos: en España el 60 % de sus Ayuntamientos no llegan a 1.000 habitantes, el 47,6 % no suman 500 y el 5,8 % ni siquiera juntan 50 vecinos. A lo que hay que sumar 3.721 entidades locales menores, 1.024 mancomunidades, 81 comarcas, además de consorcios, agrupaciones, etc., etc. Y con estos mimbres no se puede hacer un buen cesto.

Durante el Seminario pudimos hablar de dos opciones distintas: una la mejor vista, sobre todo por los políticos, de mantener la actual estructura, organizándose en mancomunidades, agrupaciones o consorcios, lo que no deja de ser un sistema intermedio de gobierno, o al menos de administración, que no sólo no supone un ahorro en gasto corriente y de gobierno sino que lo aumenta, y creo que no es eso lo que más necesitamos en estos momentos; y la otra, con más adeptos entre los técnicos, de fusión de Ayuntamientos, también con dos opciones: la fusión voluntaria, que es la que recoge la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y que ya ha sido puesta en práctica en otros países, como Francia, con un notable fracaso, y la fusión organizada, estructurada y, por lo tanto, forzosa, siendo esta mi propuesta pero con un proceso transitorio para que no resulte traumática ante el temor de que este tipo de fusiones pudiera suponer problemas por cuestiones de identidad o de vecindad, que creo que serán menos de los que se temen si no se alientan. Lo que está claro es que ahora mismo vivimos a la sombra de Francia, pero también aquí se están empezando a mover las cosas, por lo que debemos tener presente que no nos van a dejar ser los únicos con este minifundismo municipal, y si no tomamos medidas nosotros desde el conocimiento de nuestra propia idiosincrasia nos las van a tomar desde fuera, y eso sí que será traumático.

En cualquier caso de lo que se trata es de que podamos discutir sobre este asunto y sobre otros importantes para el mundo local, lo que llevo proponiendo desde hace más de 2 años y nadie ha recogido hasta ahora el guante, cuando acabamos de sufrir una mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad que nos va a traer las peores consecuencias para la autonomía y servicios locales desde la restauración democrática o ahora se está proponiendo la elección directa de los Alcaldes. Pero es que la Administración Local debe ser tenida como lo que es, una Administración Pública, y por lo tanto no estar sometida a estos vaivenes de debates aislados e inconexos, con un claro interés electoralista a corto plazo, sino que se merece una discusión desde dentro y en profundidad sobre cómo debe organizarse, qué tamaño mínimo tiene que tener, qué debe hacer y cómo debe financiarse. Todo lo demás no será más que o una falta de respeto evidente al mundo local o un desconocimiento absoluto de la Administración más cercana al ciudadano.