Trece detenidos de una red acusados de comercializar fitosanitarios de forma ilegal

La Guardia Civil ha detenido a 13 personas e imputado a otras 10 por supuestamente pertenecer a una organización que se dedicaba al comercio ilícito de productos fitosanitarios adulterados --plaguicidas agrícolas y productos reguladores del crecimiento de vegetales-- en las provincias de Almería, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Girona, Lleida, Madrid, Murcia, Tarragona, Palencia y Valencia, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

A los detenidos se les imputan los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, contra la propiedad industrial y falsificación de documentos y, en el marco de la 'Operación Teja', se han intervenido más de 32 toneladas de sustancias activas y productos fitosanitarios ilegales.

Los miembros de la red adquirían las sustancias activas para la fabricación de productos fitosanitarios a empresas importadoras de productos químicos y los ocultaban en naves y almacenes clandestinos ubicados en distintas localidades de Castellón y Valencia.

Una vez que habían elaborado los productos agrícolas los introducían en el mercado de forma ilegal a través de empresas ubicadas en Castellón y en la ciudad de Valencia, que, a través de otras mercantiles dedicadas a la distribución de productos fitosanitarios, lo comercializaban y vendían a los agricultores.

Los productos eran vendidos en envases sin etiquetado o con la etiqueta manipulada para imitar los de procedencia legal. Asimismo, carecían de la garantía necesaria en cuanto a la calidad y seguridad del producto y no estaban debidamente registrados en el Registro Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA).

Para la venta de insecticidas y plaguicidas agrícolas es necesario un registro y autorización previa que otorga el MAGRAMA.

Esta autorización garantiza que el producto ha superado los controles y estudios previos y cuenta con los informes favorables tanto agronómicos (seguridad agrícola) de la Dirección General de Agricultura, como de los Ministerios de Sanidad y de Medio Ambiente, quienes evalúan los efectos del producto y sus residuos sobre la salud humana y sobre el medioambiente; las diligencias instruidas han sido entregadas en el juzgado de instrucción número 1 de Vinaròs (Castellón).