Anticorrupción pide más de 8,5 millones de fianza civil para cada uno de los hijos de Ruiz Mateos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas de responsabilidad civil por importe de algo más de 8,5 millones de euros para cada uno de los dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz Mateos que este viernes han prestado declaración como imputados, ante la juez Mercedes Alaya, a cuenta de las irregularidades detectadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por el hotel Cervantes, ubicado en Torremolinos (Málaga) y perteneciente al Grupo Rumasa. 

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha acogido este viernes nuevas comparecencias en el marco de la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, gracias a la cual fueron libradas ayudas arbitrarias a empresas en muchos casos relacionadas con miembros del PSOE y fueron financiados expedientes de regulación de empleo en algunos casos injustificados, en otros irregulares, y frecuentemente incluyendo la prejubilación de personas ajenas a las plantillas de las propias empresas.

El exsindicalista de UGT Juan Lanzas, en ese sentido, jugaría un papel clave en la trama al tratarse de la persona encargada de lograr que los expedientes de regulación de empleo contasen con incentivos autonómicos y no supusiesen costes para las empresas, algunas de las cuales arrojaban incluso beneficios o no necesitaban reestructuraciones laborales. Porque la trama, en gran medida, se nutriría de las elevadas comisiones que las consultoras del sector de las aseguradoras cobraban a la Junta de Andalucía por la confección de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los ERE.

Según la investigación judicial, Javier y Pablo Ruiz Mateos habrían entrado en contacto con Juan Lanzas para gestionar el mencionado expediente de regulación de empleo y él se habría comprometido a conseguir financiación autonómica para el procedimiento obteniendo a cambio unos 600.000 euros, siempre supuestamente. La investigación, en ese sentido, señala que Lanzas habría sido objeto de "pagos en B", o sea dinero negro, a través de la entrega de "sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros".

Carlos Miranda Bacciarini, director de la división hotelera de Nueva Rumasa entre 2003 y 2011 y también imputado en estas actuaciones, declaraba recientemente que José María Ruiz Mateos le presentó a Juan Lanzas hablando de él "como un colaborador" y reconociendo que en una ocasión entregó a Lanzas "un sobre". No obstante, se declaraba desconocedor de que tal extremo representase "ningún pago". Igualmente, señalaba que Javier y Pablo Ruiz Mateos se encargaban de las finanzas y la supervisión empresarial, respectivamente.

Siguiendo el curso de la investigación, la juez ha tomado este viernes declaración como imputados a ambos hermanos. Durante su comparecencia, según ha trascendido, Javier y Pablo Ruiz Mateos habrían negado cualquier pago de dinero negro a Lanzas, al que habrían descrito como un colaborador del grupo empresarial como cualquier otro y habrían manifestado que era su padre, José María Ruiz Mateos, quien estaba al frente de las gestiones empresariales. Tras su comparecencia, en la que inicialmente se les atribuiría un presunto delito de malversación de caudales públicos, la Fiscalía Anticorrupción habría reclamado para ellos fianzas de responsabilidad civil de unos 6,4 millones de euros a cuenta del importe de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE del hotel, más un tercio de esta cuantía, lo que elevaría cada una de estas fianzas a algo más de 8,5 millones de euros.