El Gobierno estudia cómo prohibir que excarcelados de ETA puedan ser candidatos

El Gobierno está estudiando cómo prohibir que los etarras excarcelados puedan ser candidatos en las próximas elecciones, por entender que en este momento los ciudadanos reclaman "un principio claro de regeneración democrática" y de "ejemplaridad" en el ejercicio de la función pública, según ha confirmado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Por el momento, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto este asunto en manos de juristas y la Abogacía del Estado con el fin de analizar qué posibilidades legales hay para impedir a través de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que presos de ETA excarcelados tras la anulación de la 'doctrina Parot' puedan ser alcaldes, han señalado fuentes del Ejecutivo.

Sáenz de Santamaría, en rueda posterior al Consejo de Ministros, ha subrayado que en este momento la ciudadanía reclama "un principio claro de regeneración democrática", de forma que el acceso a determinadas funciones de carácter público "se haga en determinadas condiciones y por personas que puedan estar en ese ámbito de ejemplaridad". Por eso, ha recordado el pasado mes de diciembre se aprobó el anteproyecto que regula el ejercicio de la función de alto cargo en la Administración General del Estado. En ese anteproyecto que se aprobó en diciembre, se establece que para ser nombrado alto cargo de la Administración General del Estado no se podía haber sido condenado por determinados delitos, entre ellos el de terrorismo, "mientras no estuvieran cancelados los antecedentes penales".

Este asunto ya salió a relucir el pasado miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional del PP a instancias de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que dijo que no se podía volver a consentir una reunión de "asesinos" como la celebrada el pasado sábado en Durango (Vizcaya) y que habría que "cambiar las leyes" para que no volviera a suceder.