Ada Colau advierte de una segunda burbuja inmobiliaria por la venta de vivienda pública a fondos privados
Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha alertado este lunes en el Parlament del peligro que supone que la Sareb en toda España o el Incasòl en Catalunya vendan paquetes de inmuebles a fondos de inversión. Y es que según Colau, se podría producir otra burbuja inmobiliaria si se vende vivienda pública a fondos privados.
Colau ha lamentado que se ofrezcan estas vivendas a inversores como Goldman Sachs y Blackstone con rebajas de precio e incentivos fiscales, algo que "no se ha aplicado a las familias de esos inmuebles". Así lo ha declarado tras participar en la comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores.
De este modo, la portavoz del PAH ha alertado de que mientras siguen los riesgos de la burbuja inmobiliaria previa a la crisis "porque no han cambiado las reglas del juego" en las hipotecas, se crean nuevos problemas que favorecen una segunda burbuja como estas ventas de pisos cuya única salida actual es el alquiler porque "las familias no tienen capacidad de compra".
Además, Colau ha augurado que si más adelante los inquilinos no pueden pagar el alquiler, los fondos internacionales no tendrán reparos en desahuciar a los morosos "sin piedad y sin miramientos".
Ada Colau también ha propuesto al Parlament que declare entidad fraudulenta a la Sareb o 'banco malo' porque se califica de entidad privada "pero se ha constituido con dinero público" y no es transparente, y ha pedido que sus inmuebles se destinen a dar respuesta a las necesidades sociales de vivienda.
Por otro lado, la portavoz del PAH también a solicitado a la Generalitat que se persone como acusación contra las malas praxis de las entidades hipotecarias pues ha criticado que lo haga cuando hay manifestaciones"con pequeños disturbios, y no cuando las entidades financieras han hundido la vida de miles de personas en Catalunya".
Así, ha pedido a las administraciones y al Parlament que actúen "más allá de discursos, con compromisos y acciones concretas", como que se decrete en Catalunya una moratoria de la ejecución de desahucios hasta que no se garantice el realojo adecuado, como Bruselas ha obligado en un bloque ocupado en Salt.
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