martes, 20 de abril de 2021 09:15
Politica

Parlamento Vasco rechaza la iniciativa de EH Bildu que pedía no subvencionar centros que segregan al alumnado por sexos

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PNV y PSE piden priorizar en los conciertos educativos a los centros organizados bajo el principio de coeducación

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves una proposición no de ley presentada por EH Bildu que solicitaba al Gobierno Vasco que no colabore con fondos públicos con ningún centro que tenga un modelo educativo que diferencie al alumnado por sexos.

El texto de EH Bildu, que también pedía al Parlamento declarar el modelo de educación diferenciada como "excluyente" y manifestar que los valores y modelos de relación que impulsa son "negativos para la sociedad vasca", solo ha recibido el apoyo de Elkarrekin Podemos-IU.

PNV y PSE han presentado una iniciativa, que ha salido adelante con el rechazo de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, la abstención de Vox y el apoyo de PP+Cs. En el mismo, el Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación a seguir cumpliendo la normativa en materia de conciertos educativos, "de conformidad con la legalidad vigente, en aras a garantizar la libertad de enseñanza y los diferentes proyectos ofertados en los centros educativos de Euskadi".

Además, pide reforzar la prioridad, en el régimen de conciertos educativos, para los centros que se organicen bajo el principio de coeducación con proyectos educativos que garanticen el desarrollo de las medidas para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la igualdad.

Por último, solicita a Educación que continúe trabajando "de manera activa" para alcanzar un modelo de escuela coeducativa como elemento central para superar los prejuicios y estereotipos de género, de acuerdo con los preceptos de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, para construir una sociedad más igualitaria.

13 MILLONES A 6 CENTROS
En el debate, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha acusado al Departamento vasco de Educación de "elegir regalar 13 millones de euros a seis centros segregadores" ----CPES Arangoya de Bilbao, CPEIPS Gaztelueta de Leioa, CPEIPS Ayalde de Loiu, CPEIPS Munabe de Loiu, CPEIPS Eskibel de San Sebastián y CPEIPS Erain de Irun-- de los que "ni un solo euro" está dirigido a fomentar la igualdad.

Arrese ha destacado que el Parlamento de Navarra "todos los grupos, a excepción de la derechona, han apoyado exactamente la misma propuesta" que EH Bildu ha presentado en la Cámara vasca.

Asimismo, ha recordado el apoyo del PNV a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) para pedir la adopción de medidas que la ley de Educación "dentro de unos meses, seguramente, nos va a imponer en su disposición adicional 25ª", contemplando la no separación del alumnado por su género de los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos.

"Tenemos la oportunidad de adelantarnos y de avanzar hacia un sistema educativo algo más paritario; adelantarnos a una ley orgánica española, que seguramente en unos meses nos imponga esta misma medida", ha insistido.

La parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha destacado que ha habido pronunciamientos tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional en el sentido de que la educación diferenciada por sexos no constituye por sí misma discriminación por razón de sexo.

Además, ha señalado que de la redacción del artículo 84.3 de la LOMLOE "no se extrae una prohibición de concierto educativo con los centros que solo admitan alumnos de un determinado sexo" y ha advertido de que para prohibir el concierto con los centros de educación diferenciada por sexos, "no es suficiente la referencia citado artículo, sino que es necesario una disposición normativa que expresamente obligue a los centros a no excluir la admisión en función del género".

El parlamentario del PSE Jose Antonio Pastor ha explicado que la llamada Ley Celaá establece la apuesta por la coeducación a todos los niveles, impidiendo la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos. "Se abre un camino, un camino hasta entonces rechazado en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional, de proponer la limitación o la extinción del régimen de conciertos para aquellos centros concertados sostenidos con fondos públicos", ha recordado.

No obstante, cree que en este asunto se debe avanzar "con prudencia y mesura", para que los pasos dados sean "firmes e irreversibles", y ha defendido que ese es el criterio que "inspira" la enmienda firmada con el PNV, "que abre el camino para una progresiva eliminación" de la situación actual.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha criticado que "más de 13 millones de euros anuales, de todos los ciudadanos y ciudadanas que viven y pagan sus impuestos en Euskadi, han financiado este tipo de colegios segregadores que, además en el caso de Euskadi, son elitistas y vinculados o al Opus Dei o a la patronal COAS".

"No es ético apoyar con tal cantidad de dinero, ni siquiera con un solo euro, a los centros segregadores, elitistas, que tenemos en Euskadi", ha insistido.

El parlamentario de PP+Cs Jose Manuel Gil ha afirmado que la educación diferenciada "no implica discriminación de ningún tipo" porque la discriminación se puede dar en los centros de educación diferenciada y en los mixtos, y cree que ese no debe ser el debate, sino que "lo importante es que se respete la libertad de elección de todos".

En este sentido, ha defendido que la financiación pública de los centros de educación diferenciada debe regularse con el principio de igualdad, sin que se pueda discriminar a estos centros por el modelo pedagógico que utilicen.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha manifestado que "hay diferencias entre niños y niñas", y cree que con su iniciativa, EH Bildu "confunde la igualdad en derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, con la igualdad en el desarrollo cognitivo entre niños y niñas". Además, ha sostenido que dejar de financiar a estos centros supone "cercenar los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos".

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