Catalunya ingresaría unos 3.800 millones de euros más al año si redujese el nivel de fraude fiscal

Catalunya ingresaría unos 3.800 millones de euros más al año si redujese el nivel de fraude fiscal al nivel medio de los grandes países europeos, y el fraude laboral en este territorio implica a hasta 230.000 trabajadores, según el informe 'La economía sumergida en España' de la Fundación de Estudios Financieros, el centro de pensamiento del Instituto Español de Analistas Financieros.

Según ha informado la entidad, cuya delegación catalana ha presentado este miércoles el documento de trabajo en la Bolsa de Barcelona, la economía sumergida en España es de entre el 18,6% y el 20% del PIB, lejos de Austria, Holanda y Suiza, donde es menor del 10%; de Francia y Reino Unido, donde se sitúa en torno al 10%, y de Alemania, con un fraude del 13%, por lo que acercarla a estos niveles supondría ingresar entre 18.000 y 20.000 millones de euros anuales.

En Catalunya la economía sumergida supone unos 43.704 millones de euros --un 22,3% de PIB-- según estudios como el de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), "una cifra elevada que compromete el desarrollo futuro y obliga a tomar medidas para reducirla", según la Fundación.

En el conjunto del Estado, el fraude en materia laboral equivaldría a por lo menos un millón de puestos de trabajo que deberían aflorar, señala la entidad, que ha atribuido la economía sumergida al aumento de la carga fiscal; "su papel como válvula de escape en situaciones de recesión económica", y la falta de conciencia fiscal entre la ciudadanía, así como la sobrerregulación y la rigidez del mercado laboral.

En cuanto a las medidas a adoptar, ha considerado que las autoridades "podrían tener un cierto margen para actuar de forma más decidida" contra la economía no declarada en vista del apoyo ciudadano, y ha propuesto aumentar la flexibilidad de la contratación y reforzar las figuras de empleo a tiempo parcial y la de aprendiz, así como revisar la regulación sobre salarios mínimos y las políticas activas de empleo.

Las propuestas fiscales pasan por simplificar las figuras impositivas; combatir los paraísos fiscales, y potenciar las inspecciones en el ámbito de la investigación, además de abogar por una sensibilización fiscal de los ciudadanos.

Otro aspecto en el pequeño tamaño de las empresas españolas, considerado por la mayoría de estudios analizados por la Fundación como una de las causas subyacentes de la economía no declarada, por lo que ha llamado a establecer políticas que promuevan el crecimiento de las compañías.

Han participado en la presentación del documento el miembro de la junta de la delegación catalana del Instituto, Antoni Giralt; el director general de Política Financiera de la Generalitat, Jordi Oliva, así como el director del informe, Ramiro Martínez-Pardo.