Primera expropiación de la Junta andaluza para evitar un desahucio

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el primer expediente de expropiación del uso de una vivienda andaluza, ubicada en la calle Alonso de Ercilla en Huelva capital y perteneciente a María del Carmen Andújar, que convive en la citada vivienda con su marido y con sus dos hijos, en aplicación de la Ley 4/2013 de la Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento de Andalucía el pasado 25 de septiembre.

Según han informado fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, se trata de la primera vivienda andaluza con el expediente culminado que será expropiada temporalmente durante tres años para evitar el desahucio de María del Carmen y su familia. Esta medida, que se concreta en la incoación del procedimiento y la declaración de interés social y necesidad de ocupación, evitará el desahucio de esta familia en riesgo de exclusión con dos hijos y residente en un piso, que fue embargado por una sociedad de gestión de activos como paso previo a su desalojo.

Así, la culminación del expediente de expropiación les asegura un techo bajo el que vivir en alquiler social durante estos tres años en los que la familia afectada pagará el 25 por ciento de sus ingresos familiares, y nunca más de 130 euros al mes. En este caso concreto, María del Carmen obtiene al mes un sueldo de 420 euros y su marido recibe la ayuda de 400 euros hasta el mes de enero.

Preguntada por la situación de esta familia cuando finalice el plazo de tres años de expropiación temporal del uso, la consejería ha remarcado que cuando acaben las competencias del Gobierno andaluz "esta familia sigue debiéndole al banco y con una orden de desahucio", ya que la Junta "lo que ha hecho es declarar el interés social para que esta familia permanezca en su vivienda en estos tres años", no obstante se ha mostrado "convencida" de que cuando culmine este plazo "habrá una mayoría en el Congreso de los Diputados que permitirá hacer justicia social".

La máxima dirigente andaluza ha destacado que el Gobierno andaluz "ha exprimido dentro de sus competencias esta lucha innegociable contra los desahucios", pero ha hecho hincapié en que es el Gobierno central "quien tendría que haber hecho esta justicia aprobando la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización inmediata de todos los desahucios y el alquiler social". Por ello, ha lamentado que el Ejecutivo central "no sólo renunció a hacer justicia social sino que con las últimas leyes aprobadas lo que ha hecho es perpetuar la injusticia".

La Consejería de Fomento y Vivienda ha propuesto a este fondo un acuerdo económico por el uso de la vivienda durante tres años por 4.711 euros, un 'justiprecio' obtenido calculando el dos por ciento del precio del remate por el que la sociedad se adjudicó en subasta la vivienda.

En este sentido, la consejera ha explicado que si el fondo acepta, se llegará a un acuerdo mutuo, no obstante de no hacerlo en un plazo de 15 días, la Consejería iniciará los trámites para la urgente ocupación de la vivienda en tanto que la cuestión se dirime en la Comisión Provincial de Valoraciones. Este trámite se denomina 'urgente ocupación' pero la familia de María del Carmen Andújar permanecerá en todo momento en su vivienda, con el fin de garantizar su mantenimiento en la misma. Es decir, la Consejería actuará para garantizar la permanencia de la familia en la casa en cualquier circunstancia, informando también al juzgado encargado del caso.

Del mismo modo, Cortés ha remarcado que la medida de la expropiación temporal del uso, recogida en una disposición adicional de la Ley, "tiene un alcance ilimitado" y podrán acogerse a la misma todas las personas que lo soliciten y cumplan los requisitos establecidos por la Ley.

Actualmente existen, aparte del caso de María del Carmen y su marido, 130 expropiaciones listas en fase más o menos avanzada, en sólo tres meses de vigor de la norma, fundamentalmente durante el tiempo que estuvo vivo el decreto anterior a la Ley y que fue recurrido por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC).