El ICAB denuncia el anteproyecto de Ley de colegios y servicios profesionales

El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) rechaza frontalmente el anteproyecto de Ley de colegios y servicios profesionales porque no garantiza la calidad en los servicios que se prestarán al ciudadano. Por eso, el Colegio ha presentado alegaciones a este texto, aprobado por el Consejo de Ministros, el pasado 2 de agosto, en defensa de las garantías que tienen que recibir las personas que solicitan un servicio a un profesional.

El ICAB se opone al anteproyecto porque diferencia a los abogados en función de la tarea que realizan (si van a juzgados o no) y porque comporta la finalización de la colegiación obligatoria para los abogados que asesoran pero que trabajan por cuenta ajena. "Los abogados prestamos servicios a los ciudadanos y no podemos permitir que las leyes dejen de garantizar una calidad en el servicio ofrecido por los profesionales, independientemente de la tarea concreta que realicen. El control deontológico y la formación han sido garantizados hasta ahora por los colegios profesionales", afirma el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca.

El Colegio de Abogados de Barcelona es crítico también en la no obligatoriedad de los abogados de disponer de una póliza de responsabilidad civil. "Los colegios proporcionamos una póliza de responsabilidad a los abogados, al margen del marco donde ejercen", afirma Rusca y añade: "No entendemos como una cuestión tan esencial como esta deja de tener obligatoriedad en el anteproyecto aprobado. Se puede crear una situación de indefensión muy grande verso las personas que no podemos tolerar; el cliente es finalmente quién "pagaría" las consecuencias de haber depositado su confianza en una persona que quizás no cumple todos los requisitos para ejercer con garantías la profesión. Para poner un ejemplo, es cómo si ahora una nueva ley dijera que no hace falta seguro para conducir un vehículo".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, presentó el anteproyecto de Ley de colegios y servicios profesionales como una medida para liberalizar el mercado profesional, pero, la aplicación práctica de la ley, tal como está redactada en estos momentos, uniformiza radicalmente los colegios profesionales sin respetar las competencias de la Generalitat.

El texto, además, tiene un afán intervencionista. Quiere controlar aspectos del funcionamiento interno de los colegios profesionales y no reconoce la base asociativa y social que tienen; de forma que estas corporaciones pasarán a ser sometidas al protectorado de unas estructuras burocratizadas que no han sido escogidas por sufragio universal. Estas estructuras podrían, por ejemplo, destituir la Junta de Gobierno de un colegio profesional elegida democráticamente o incluso disolverlo.