La Comisión Europea insiste en multar con 64 millones a las Diputaciones forales

Según señala en su edición de hoy el diario vasco El Correo, la Comisión Europea ha mantenido hoy ante el Tribunal de Luxemburgo que las Diputaciones forales vascas deben pagar una sanción de al menos 64 millones de euros por haber tardado doce años en acatar sus decisiones, después de haber considerado ilegales los incentivos fiscales que estuvieron vigentes en Euskadi en la segunda mitad de la década de los años 90.

Así lo ha indicado su representante, Carlos Urraca, en el transcurso de la vista que se ha celebrado esta mañana en la Corte de la UE. Pese a ello y aunque tarde, el Ejecutivo comunitario admite que a día de hoy se ha recuperado la práctica totalidad de aquellas ayudas, un total de 508 millones de euros, aunque aún deben recuperarse 278.000 euros, correspondientes a intereses de la deuda de ocho empresas alavesas.

Aunque el juicio ha dejado ver que persisten profundas discrepancias entre los criterios aplicados por la Comisión y la actuación de las diputaciones forales, lo cierto es que la vista oral ante los quince magistrados de la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo ha permitido matizar el alcance de este proceso. El hecho de que se haya admitido que la recuperación prácticamente ha finalizado abre la puerta a la finalización del contencioso y, estiman, permitirá que el Tribunal lo considere como un hecho positivo para rechazar la petición de una sanción o al menos reducir de forma considerable su importe. Pese a ello, el representante del Ejecutivo la Comisión defendió que se mantenga la sanción, no solo porque "España es el segundo país más incumplidor de las decisiónes de la Comisión".

Por su parte, representantes legales de algunas empresas afectadas, que también asistieron como oyentes al juicio, consideran que la sentencia de esta causa puede permitir incluso que se adopten como buenos criterios que la Comisión se ha negado a aceptar. Ello permitiría a las diputaciones devolver a las empresas una parte de esos 508 millones que ha exigido a las compañías, por los incentivos ilegalizados.