jueves, 28 de marzo de 2024 12:32
Sociedad

La Fiscalía no quiere que el juez Castro prosiga la investigación penal del caso Noos

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La Fiscalía no quiere que el juez de Palma  José Castro, que imputó a la infanta Cristina, prosiga con la investigación penal de los negocios de Iñaki Urdangarin.

En este sentido anticorrupción defiende que toda la causa se traslade a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que concluya la instrucción y eventualmente juzgue el caso, al considerar que los hechos de Baleares no pueden enjuiciarse por separado de los de Valencia.

De aceptar las tesis del Ministerio Público, el Tribunal superior valenciano imputará a Francisco Camps y a Rita Barberá para investigarles por diversos delitos cometidos y requerirá al juez Castro la inhibición respecto de toda la causa, que sería arrastrada a Valencia por la existencia de los dos aforados ?Camps y Barberá?que sólo pueden ser juzgados por el alto tribunal de esa comunidad. De todas maneras si los magistrados no ven indicios delictivos para imputar a Camps y Barberá, deben devolver el caso a Baleares, pero, si, como propone el Ministerio Público, acepta investigar a ambos por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias, tiene además que reclamar toda la causa y cerrar la instrucción.

Una decisión en tal sentido del TSJ valenciano podría abrir un conflicto de competencias con el juez Castro, en caso de no aceptar la inhibición, tesis que ha mantenido hasta ahora. El todavía instructor cree que el TSJ valenciano debe asumir la causa en lo referente a los convenios firmados con Nóos en Valencia, y mantener él la instrucción del resto de la causa (Baleares y también los presuntos donativos por 140.000 euros de Madrid 2016 a Urdangarin). En caso de no haber avenencia entre tribunales, la decisión final sobre la competencia de la investigación correspondería al Supremo.

Para la Fiscalía, separar el caso Nóos en dos causas, una relativa a los Proyectos de Valencia y otra a los Proyectos de Baleares, a efectos de un enjuiciamiento independiente, "supondría dos juicios orales distintos, uno ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y otro ante la Audiencia Provincial de Baleares, sobre los mismos hechos, de forma tal que habría que reproducir las mismas pruebas ante ambos Tribunales. Da idea de la magnitud de dicha circunstancia el hecho de que sólo en el ámbito de la prueba testifical debería tomarse declaración a las mismas 200 personas".

La Fiscalía Anticorrupción destaca en su escrito que la instrucción del caso está próxima a concluir, a falta de un informe de Hacienda y otro de la Policía, y que su finalización debe cerrarse por el Tribunal valenciano, que debería a su vez llamar a declarar a Camps y Barberá por la trama valenciana.

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