El Gobierno catalán defiende su competencia exclusiva en el ámbito local

 

El consejero de Presidencia, Francesc Homs, ha defendido la competencia exclusiva de la Generalitat en el ámbito de los gobiernos locales, acogiéndose a lo que establece el Estatut, y ha rechazado así que se impongan "modelos foráneos" en relación al presentado por el Estado.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa tras el Consell Executiu, que ha aprobado el proyecto de ley de gobiernos locales de Cataluña, una normativa que pretende determinar las funciones de cada nivel de gobierno, asegurar la sostenibilidad financiera y la eficacia en la prestación de servicios y evitar duplicidades.

También ha asegurado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, le comprometió a la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, que la ley española no interferirá en la catalana: "Esperamos que Montoro haga honor a su palabra".

"Nuestra ley va por delante de la española. Lo defenderemos así", ha zanjado Homs, tras alegar que hay argumentos políticos y jurídicos que así lo evidencian.

Incluso, ha señalado, un informe del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares advierte de que la ley española pone "en verdadero peligro" el modelo propio y la prestación de servicios sociales del Estado del Bienestar.

FOMENTAR LA "FUSIÓN"

Según Homs, ante la voluntad inicial del Gobierno de eliminar municipios pequeños, la ley catalana respeta todos los municipios existentes en Cataluña, pero fomentará su fusión "voluntaria" allá donde lo justifiquen motivos históricos, identitarios, geográficos y económicos.

También se fomentará la mancomunicación de servicios, y la Generalitat no podrá delegar la prestación de servicios a municipios si no van acompañados de financiación.

Respecto a los consejos comarcales se convierten en el principal ente de gestión mancomunada de servicios locales, y en los municipios y entidades descentralizadas de menos de mil habitantes prestarán servicios mínimos de recogida de residuos, aguas residuales, limpieza viaria, control de alimentos y bebida.

La normativa catalana prevé la supresión de los consejeros comarcales como cargos de representación política, lo que representa la disminución de 1.034 cargos públicos remunerados.

Además, el principal órgano de gobierno será el Consejo de Alcaldes, en el que los alcaldes tendrán voto ponderado en función de la población de su municipio, y se reducen o eliminan los consejos comarcales de la Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Respecto a los consejos de veguería sustituirán las diputaciones provinciales cuando se cumplan las condiciones previstas de la ley, y se incorpora la creación de nuevas mancomunidades o consorcios cuando se pretenda realizar un servicio o competencia ya desarrollada por otra administración, o cuando lo pueda ejercer el consejo comarcal o la área metropolitana.

La proposición de ley catalana también reconoce el derecho a la retribución de los representantes locales; obliga a que los municipios, los consejos comarcales y las veguerías dispongan de un portal de la transparencia, que deberá integrarse en el de la Generalitat, y a un reglamento de participación ciudadana a las poblaciones de más de 5.000 habitantes.