Aprobado el dictamen al proyecto de Ley antidesahucios, que amplía protección a avalistas, autónomos e hipotecas puente

La comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves el dictamen al proyecto de Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, que amplía supuestos e incorpora varias enmiendas, algunas relativas a la protección a avalistas, autónomos e hipotecas puente.

De esta forma, cumplido este trámite, el dictamen, que ha contado con los votos a favor de PSOE e IU y en contra del PP, será remitido al Pleno de la Cámara para su debate final. En dicho dictamen se han incorporado enmiendas de PSOE e IU.

Esta iniciativa legislativa procede del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, y que el propio Pleno del Parlamento, tras su convalidación, acordó su tramitación como proyecto de Ley.

El portavoz parlamentario de Vivienda del Grupo Socialista, Enrique Benítez, ha lamentado que el PP-A pretende "anular la expropiación de vivienda y exonerar a las grandes financieras y las grandes inmobiliarias de sus responsabilidades en lo que ocurre en el mercado de la vivienda".

Benítez ha explicado que en el dictamen de la comisión se incorporan algunas enmiendas que "mejoran el texto del proyecto de Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda".

Según ha detallado Benítez, las enmiendas defendidas por el Grupo Socialista y el Grupo de IU pretenden "ampliar los supuestos de familias que se pueden acoger a esta normativa", por un lado los trabajadores autónomos que han tenido dificultades económicas y que avalaron con sus viviendas los negocios; y por otro, avalistas, en muchos casos personas mayores, "que avalaron a sus hijos y que ahora ven cómo la entidad financiera puede ejecutar su propia vivienda".

La posición del Grupo Socialista pasa por la necesidad de "ampliar los supuestos de interés social para que más familias se puedan acogerse al decreto", y por eso el portavoz socialista le exige al PP "sensibilidad social, comprensión y que estén mas cerca de las familias andaluzas".

Benítez ha destacado que "el decreto andaluz está teniendo éxito y lo demuestran las familias que ya se han acogido a él y las que ya han presentado su solicitud", mientras según ha explicado "la normativa del PP a nivel nacional está siendo ineficaz, y lo demuestra el hecho de que en un año apenas se han solventado unos mil casos en toda España".

Así, el portavoz socialista ha afirmado que "del PP esperamos responsabilidad, sensibilidad social y colaboración, para aprobar una ley que es buena para Andalucía y para los andaluces".

Además, respecto al trámite parlamentario, Enrique Benítez ha explicado que el PP andaluz ha presentado un paquete de enmiendas al texto del proyecto de ley que son "radicalmente opuestas a lo que plantea el Gobierno andaluz", ya que "por un lado quieren anular la expropiación de vivienda" y por otro "exonerar a las grandes financieras y las grande inmobiliarias de sus responsabilidades en lo que ocurre en el mercado de la vivienda".

Para Benítez, el PP "se pone de parte de los poderosos y en contra de las familias, y eso va radicalmente en contra del espíritu del decreto y no lo podemos asumir".

Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto ha destacado que se hayan finalizado los trabajos previos para convertir el decreto ley en Ley de función social de la vivienda, tras lo que ha mostrado su "satisfacción" por el hecho de que "gracias a haber sido tramitado como proyecto de ley, hemos podido enriquecer el texto original con aportaciones de movimientos sociales que han sido verdaderos protagonistas de esta iniciativa y de la defensa de los afectados por los desahucios".

De esta forma, también resaltó que en el texto que entrará en pleno "se recoge la protección a los afectados por hipotecas puente, avalistas y autónomos", de forma que "se mejora sustancialmente el texto inicial", algo que agradece a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organizaciones de consumidores y usuarios y asociaciones pro derechos humanos, las cuales "nos hicieron notar que estos colectivos no habían protegidos por la redacción inicial".

IU, no obstante, expresa su "preocupación" por el hecho de que "se hayan finalizado los trabajos previos antes de llegar a pleno sin tener conocimiento del recurso del Gobierno central, que no ha sido remitido al Parlamento ni a la Junta".

"Hemos cerrado los trabajos sin saber si habría alguna modificación que hubiera podido incorporarse para salvar la hipotética inconstitucionalidad que hubiera detectado el Gobierno central", se lamenta la diputada de IU, quien, no obstante, considera que "si es así, trataríamos de darle solución en el pleno donde se apruebe la ley".

Nieto considera que "se deja en evidencia al PP y existe una estrategia burda de obstaculizar el legítimo derecho del pueblo andaluz a ejercer su autogobierno y desarrollar el Estatuto y ser soberano de sus decisiones a través del Parlamento andaluz".

Asimismo, apunta que "se deja en evidencia al PP apoyándose en el Consejo de Estado y en el Tribunal Constitucional, dirigidos por personas que aparecen en los 'papeles' de Bárcenas". "Tratan de buscar artimañas judiciales para bloquear una iniciativa política que quiere abrir una fisura en un sistema montado para especular con la vivienda y para desterrar cualquier atisbo de desarrollo de la Constitución".

"IU ha querido recuperar con ese texto legal la idea de que la vivienda es un derecho humano, pero el PP no quiere de ninguna de las maneras, hay discrepancias políticas entre los que piensan que la vivienda es un derecho humano y los que piensan que es una expectativa de negocio, como pasa con el PP", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, aseguró este jueves en Granada que su formación está "abierta al diálogo" en la tramitación del decreto-ley sobre la función social de la vivienda como proyecto de ley, mientras que el "bipartito" sólo busca la "confrontación" con el Gobierno central.

En rueda de prensa en Granada, el portavoz 'popular' ha criticado que PSOE-A e IULV-CA se hayan centrado en la "propaganda política" con esta normativa y que hayan visto el recurso presentado por el Gobierno al Tribunal Constitucional (TC) como una "nueva oportunidad para confrontar, lo que supone una malísima noticia para Andalucía".