El juez basa los indicios contra CDC en hallazgos en agendas, ordenadores y testificales

El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha basado los indicios que mantiene contra CDC por presuntamente hacerse con 5,1 millones de la trama del Palau de la Música en anotaciones encontradas en las agendas de los responsables de la institución, en los ordenadores y en la declaración de testigos.

Al cierre de la instrucción del 'caso Palau', el juez sostiene que a cambio de adjudicaciones de obra pública por parte de la Generalitat, CDC cobró comisiones a la constructora Ferrovial, que presuntamente se camuflaban como donaciones de esta empresa para patrocinar la institución musical.

En las agendas del expresidente del Palau, Fèlix Millet, y de la responsable de las finanzas de la institución e hija del también imputado, Jordi Montull, se encontraron apuntes de reuniones periódicas entre el propio Millet, el exdiputado de CDC Jaume Camps, el extesorero del partido ya fallecido, Carles Torrent, y el responsable de Ferrovial Pedro Buenaventura.

En los ordenadores de dos secretarias se encontraron varios documentos con el nombre 'Torrent', uno de ellos de septiembre de 2003 referido a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Barcelona "en el que consta el cálculo de una comisión del 4% sobre la participación de Ferrovial, comisión que se distribuye en un 3,5% para CDC y un 0,5 para Millet y Montull".

Otro documento con el nombre de 'Torrent2', fechado el 4 de septiembre de 2002, contiene el epígrafe 'Entregado al Sr. Carles Torrent, el mes de septiembre' y consta de un calendario de pagos de los años 2002 y 2003.

Un nuevo documento bajo en nombre de 'Quadre Ferrovial 29 de abril' está formado por tres hojas de cálculo que reflejan los pagos efectuados supuestamente entre 2003 y 2008 al también extesorero de CDC Daniel Osàcar, una propuesta de pago para 2008 y un cuadro de cobros a Ferrovial y pagos a Daniel Osàcar.

Los responsables del Consorcio del Palau de la Música Catalana también han hallado dos carpetas en las antiguas dependencias de la institución: una con el nombre de Esteve Escuer y otra con el de Jaume Camps "con anotaciones que de manera razonable cabe sospechar referidas a comisiones por obra pública", así como documentación sobre varios concursos públicos a los que Ferrovial concurría en enero y febrero de 2003.

Por otra parte, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de 2012 recoge la presunta facturación falsa a través de empresas de buzoneo.

Los imputados actuaron presuntamente con la ayuda de otros miembros del partido que mantenían contacto con los cargos públicos de la Generalitat --y otras instituciones-- vinculados al partido, que tenían el poder de decidir las adjudicaciones de obra pública: "La identidad y concreta intervención de estos otros responsables del partido no ha podido ser desvelada en el curso de la instrucción", sostiene el juez.

A través de este sistema Ferrovial pagó supuestamente a CDC comisiones por la construcción de la Línea 9 de Metro de Barcelona, por la construcción de la Ciudad de la Justicia, de un nuevo pabellón en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) gobernado por el partido, y por obras de revestimiento de la acequia Bellet en el margen izquierdo del río Ebro.

Ferrovial presuntamente abonaba, por regla general, una comisión del 4% del importe de la obra pública adjudicada, del que un 2,5% se asignaba a CDC y el 1,5% restante a Millet y Montull por su intermediación --se lo repartían con el 80 y 20% respectivamente--; también Camps recibió remuneración al menos en una ocasión, en marzo de 2003.

SEDE EMBARGADA

Los pagos de la constructora a CDC se hacían presuntamente de tres formas distintas que suman más de 5,1 millones de euros: entregas en efectivo a los tesoreros del partido, facturación falsa por entidades mercantiles que se prestaron a ello y mediante la apariencia de convenios de colaboración por la Associació Orfeó Català y la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música con la Fundación Trias Fargas (ahora Catdem), vinculada al partido.

El juez considera a CDC "responsable civil como partícipe a título lucrativo", y el partido tiene la sede embargada después de la fianza que el magistrado le impuso de 3,2 millones de euros.