viernes, 29 de marzo de 2024 09:47
Sociedad
"UN TRATO DE FAVOR"

Cuesta no entiende el "celo protector" con los defraudadores cuando se permiten listas de morosos

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta no entiende "el celo protector de la intimidad respecto de lo defraudores fiscales" que, en su opinión, ha dejado "muy cortas" las medidas recogidas en el Anteproyecto del Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal. Destaca que se ampara a los que defraudan mientras existe "permisividad" cuando se trata de acceder a listas de morosos del crédito privado.

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El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta no entiende "el celo protector de la intimidad respecto de lo defraudores fiscales" que, en su opinión, ha dejado "muy cortas" las medidas recogidas en el Anteproyecto del Ley General Tributaria, que prevé la publicación de las sentencias en materia de fraude fiscal. Destaca que se ampara a los que defraudan mientras existe "permisividad" cuando se trata de acceder a listas de morosos del crédito privado.

En un voto particular que formula contra el informe favorable a la medida propuesta por el Ministerio de Hacienda, que obtuvo el apoyo de 10 de los 21 vocales del órgano de gobierno de los jueces y necesitó para aprobarse el voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes, Cuesta considera que la reforma no basta para garantizar la transparencia y la publicidad respecto a la identidad de quienes defrauden a la Hacienda Pública.


El vocal tampoco comprende la sugerencia que realiza el informe aprobado por el CGPJ de que la publicación de sentencias sólo se aplique a resoluciones firmes que se dicten después de su entrada en vigor y no a hechos anteriores.

Critica, además, que se confiera "un trato de favor próximo al secretismo", dice en su voto, al que ha tenido acceso Europa Press, a aquellos que se acojan a amnistías fiscales y que, por haber regularizado su situación, gozan ya de una disminución en sus sanciones.

Cuesta reclama que la publicidad de sanciones vaya más allá de la defraudación impositiva y se amplíe al fraude a la Seguridad Social, la obtención indebida de devoluciones o el disfrute indebido de deducciones siempre que estos superen los 50.000 euros y la obtención de ayudas de las administraciones públicas por valor superior a los 120.000 falseando las condiciones requeridas para su concesión.

"Debería eliminarse el secretismo y el velo protector que el ordenamiento jurídico, en nombre de un concepto absoluto del derecho a la intimidad y a la protección de datos, extiende en favor de los defraudadores", dice.


UN CGPJ FRACTURADO 

El informe defendido por el vocal Gerardo Martínez-Tristán en el Pleno extraordinario convocado este lunes para tratar el asunto, y que avala la medida propuesta por el Ministerio de Hacienda como "un elemento preventivo y educativo" frente al fraude, fracturó al órgano de gobierno de los jueces, pues diez de sus 21 miembros votaron en contra mientras que Fernando Grande-Marlaska emitió un voto en blanco que ha obligado al voto particular del presidente.

El Anteproyecto, propone, en concreto, el carácter público del acceso al fallo de las sentencias condenatorias firmes en materia de fraude fiscal y la publicación de un extracto de estas resoluciones en el BOE. La medida se considera proporcionada y ajustada a la Constitución.

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