viernes, 19 de abril de 2024 12:50
Economía

La jueza que pregunta al TJUE sobre IRPH dice que las costas de estos casos las debe asumir siempre la banca

Los juzgados esperan una respuesta de Luxemburgo antes de final de año o, por lo menos, las consideraciones del Abogado General
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Los juzgados esperan una respuesta de Luxemburgo antes de final de año o, por lo menos, las consideraciones del Abogado General

La magistrada Carmen Robles, titular del Juzgado Número 2 de Ibiza y artífice de la segunda cuestión prejudicial sobre IRPH elevada al Tribunal del Justicia de la Unión Europea (TJUE), considera que las costas deben corresponder siempre a las entidades financieras, porque son las que obligan a litigar al consumidor.

"Si ha habido un requerimiento previo, es la entidad bancaria la que ha obligado al consumidor a litigar, por lo que corresponde a la entidad pagar las costas", ha indicado la jueza un webinar organizado por Asufin.

Para Robles, es "imprescriptible" tanto su nulidad como la restitución de cantidades. "Si se declara la nulidad de pleno derecho de la cláusula IRPH, su efecto es retroactivo e imprescriptible; de lo contrario, chocaría con toda la legislación vigente".

La magistrada también sostiene que el Tribunal Supremo tendrá que emitir un nuevo recurso de casación para unificar la doctrina sobre el IRPH ante la división existente en estos momentos entre las audiencias provinciales.

En el mismo encuentro organizado por Asufin también ha participado la abogada Maite Ortiz, pionera en la defensa del consumidor frente al IRPH, quien ha afirmado que "el consumidor tiene que salir completamente indemne de estos procesos".

Ortiz espera una respuesta de Luxemburgo antes de finales de año, o por lo menos las consideraciones preliminares del Abogado General, sobre las cuestiones planteadas por la polémica que suscita esta cuestión.

La abogada ha asegurado que muchos juzgados están suspendiendo ya los procedimientos ante las cuestiones prejudiciales que hay planteadas ante el TJUE. El propio Tribunal Supremo, aunque ha alegado que preguntará por la admisión de estas cuestiones, lo que ha hecho es una suspensión de facto.

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