Costas (CES) cree que "no hace falta ser de izquierda" para ver un "problema" en cómo se reparte la riqueza

El Congreso avala su candidatura para dirigir esta institución, antes de su definitivo nombramiento por el Consejo de Ministros

El candidato del Gobierno para presidir el Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha afirmado este jueves en el Congreso que "no hace falta ser de izquierda" para detectar que existe "un problema serio" en "la distribución del valor añadido que se crea en el tejido empresarial", y que esto también es señalado por "el pensamiento liberal".

Durante su presentación ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Costas ha defendido un nuevo contrato social que atienda a políticas de redistribución, pero también a la distribución de excedentes en las empresas entre salarios y dividendos, y a la mejora de las capacidades, especialmente a jóvenes, con más formación y "el compromiso de las empresas con la formación de sus empleados".

"Si quisiéramos abordar el problema de la desigualdad solo a través de más gasto social e impuestos, nos equivocaríamos", ha asegurado, en una intervención en la que ha destacado la "revelación" o "epifanía" llegada al mundo académico de que "no hay conflicto" entre eficiencia económica y equidad, ya que "un razonable aumento de la justicia social produce una economía con crecimiento más estable y eficiente en el tiempo".

DEFIENDE EL MODELO PRODUCTIVO Y LLAMA A MEJORARLO, NO CAMBIARLO
En su comparecencia ante el Congreso, al que ha acudido para examinarse antes de su nombramiento por el Consejo de Ministros --ha obtenido el aval de los grupos por asentimiento, sin tan siquiera necesidad de votar--, Costas ha rechazado la expresión de "cambio de modelo productivo", pues cree que "lleva a muchas personas a pensar que hay que prescindir de la industria turística, de la construcción, u otros sectores que son estratégicos".

Y es que, ha dicho, son estos sectores con "más capacidad de generar el tipo de empleo que este país necesita", llamando a utilizar la digitalización y la transición ecológica "para dar más potencia" a los mismos. "El modelo productivo que tenemos es bueno, lo pasa que tenemos que mejorarlo", ha explicado.

SI HAY FLEXIBILIDAD, TIENE QUE HABER MÁS GASTO SOCIAL
También ha apostado por que, para la gestión de políticas públicas corrientes, el Gobierno ya cuenta con legitimidad para llevarlas a cabo, pero en el caso de reformas, en cambios de equilibrios de relación de fuerzas, es necesario buscar "corrientes de opinión favorables".

Preguntado por su opinión sobre la flexibilidad, del mercado de trabajo, ha asegurado constatar que los países con mayor flexibilidad en su regulación la acompañan con mayor gasto público, frente a países más "proteccionistas" de forma normativa y con menor gasto. "Cuanta más flexibilidad y apertura, más obligado vas a estar de garantizar a tus ciudadanos", ha explicado, señalando que la redistribución puede hacerse a través de gastos, o impuestos, o a través de transferencias directas vía precios o regulaciones.

MÁS INFORMES, INCLUIDO UN CONTROL A LOS FONDOS EUROPEOS
Costas se ha declarado 'amigo' del capitalismo --"Me gusta, es como el colesterol, hay del bueno y del malo"-- pero ha reconocido que "funciona cuando hay amplias clases medias y trabajadoras con capacidad de ingresos y compra".

Costas no ha querido ir más allá en sus posicionamientos, amparándose en su futuro "traje de presidente" de una institución que concibe "como voz colectiva", donde "todo lo que sale ha de ser consensuado". "Me gustaría representar fielmente esa voz, saber hacerlo con eficacia , con orientación al interés general y con neutralidad", ha dicho.

También ha expresado su deseo de poder emitir más informes --"El número de dictámenes en los últimos años es irrisorio"--, y ha planteado que su papel, tal y como concibe que debe ser el de los expertos, es realizar diagnósticos y ofrecer un abanico de soluciones, sin decantarse ni señalar cuál es la más conveniente.

También cree posible actuar en la gestión de fondos europeos, sobre cuya ejecución cree poder ejercer un control, no ya de legalidad, pero sí de calidad. Pero eso ya lo ha encuadrado como "declaración de intenciones".