domingo, 25 de julio de 2021 08:58
Politica

NA+ acusa a consejera de "ocultar" a los grupos un posible delito de cohecho en el Servicio Navarro de Salud

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Juan Luis Sánchez de Muniáin, parlamentario de Navarra Suma

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha acusado a la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, de "ocultar" a los grupos parlamentarios la información sobre un posible delito de cohecho por el cual profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) habrían cobrado, presuntamente, comisiones de una empresa por la compra de material médico. Y ha asegurado que el facultativo denunciante "ha sufrido represalias en su desempeño laboral".

Según ha afirmado Sánchez de Muniáin en rueda de prensa, el personal directivo del área del CHN implicada conocía estos hechos desde el 6 de junio de 2019 "pero no lo comunicó al juzgado ni adoptó ninguna medida, ni siquiera una investigación interna, hasta un año y medio después; y ya con el proceso judicial iniciado, no a instancias de Salud ni del Gobierno de Navarra, sino del Defensor del Pueblo".

Asimismo, ha señalado que el actual gerente del CHN conocía estos hechos desde mayo de 2020 "y tampoco inicia de inmediato la investigación ni pone los hechos en conocimiento de la justicia".

Según el parlamentario de NA+, una vez abierta la causa, después de que el Defensor del Pueblo trasladase estos hechos a la Fiscalía, el Gobierno de Navarra "ni se suma a la denuncia, ni se persona en la causa ni toma ninguna medida ante este caso judicial".

Sánchez de Muniáin ha explicado que la coalición conoció ayer jueves este caso a través de la respuesta a una pregunta escrita a Induráin que la consejera "ha precipitado" para "evitar su comparecencia". El parlamentario ha criticado que la consejera ha pretendido "retardar" esta respuesta y "ha ocultado esta información" a los grupos.

El parlamentario ha calificado de "espeluznante" y "alarmante" la respuesta escrita de Salud porque no denunció los hechos al conocerlos, sino que "tiene que ser el Defensor del Pueblo", se tardó "año y medio en tan siquiera abrir una investigación interna", y el denunciante "lejos de ser protegido" ha sufrido "represalias en su desempeño laboral, llegando incluso a su exclusión del servicio" en el que se encontraba.

Además, ha destacado que en esta respuesta "no casan las fechas ofrecidas sobre las posibles actuaciones de los responsables de Salud" y se evidencia una "patente inacción ante el conocimiento del posible delito". Ha criticado, además, que no se sabe "si se ha adoptado medida alguna sobre las personas implicadas" en estos presuntos hechos.

Según ha indicado, esta respuesta "parece confirmar que el funcionario facultativo denunciante es apartado del servicio como consecuencia de las recomendaciones de una empresa externa que realizó un proceso de facilitación debido a las tensiones sufridas en el área". "¿Pretende hacer creer la consejera que cuando se expulsa del servicio al facultativo denunciante es un hecho ajeno el que este médico hubiera denunciado ante sus superiores la comisión de un posible delito de cohecho?", se ha preguntado.

El parlamentario de NA+ ha considerado "inadmisible que, dos años después -de conocerse el caso-, seis meses después de abrirse causa penal y tras una pregunta parlamentaria que se resistió a contestar en el plazo", Induráin "reconozca que estos hechos estaban denunciados" ante el Departamento de Salud, el Defensor del Pueblo e instituciones como la Sociedad Española de Cardiología y la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Médicos.

Para Sánchez de Muniáin, es un caso de "extrema gravedad" y ha precisado que a los grupos políticos "no nos corresponde examinar si se ha producido o no el delito" pero sí "examinar si toda la cadena de mando de Salud y del Gobierno de Navarra ha reaccionado como debe ante esta desgraciada circunstancia"

El parlamentario de Navarra Suma ha expresado su empeño en el "completo esclarecimiento de lo ocurrido y, en su caso, la correspondiente depuración de responsabilidades de todos los responsables públicos afectados". Así, ha avanzado que se solicitarán "todas las actas y comparecencias de los directivos de Salud que han elaborado el posible cohecho", información sobre la empresa que se encargó del proceso de facilitación y el expediente del servicio de prevención de riesgos laborales que se llevó a cabo. Posteriormente, se solicitarán las comparecencias del Defensor del Pueblo y "toda la cadena de responsables que ha tenido conocimiento de la comisión de estos hechos".

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