jueves, 28 de marzo de 2024 15:48
Politica

Regantes y Diputación de Alicante activan "la maquinaria judicial contra el recorte del Tajo-Segura"

Regantes y agricultores y la Diputación de Alicante han puesto en marcha "la maquinaria judicial" y un calendario de protestas contra las nuevas reglas del Tajo-Segura, que reduce de 38 a 27hm3 el trasvase en nivel 2.
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El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón,  el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, el catedrático y director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, y el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu.

Regantes y agricultores y la Diputación de Alicante han puesto en marcha "la maquinaria judicial" y un calendario de protestas contra las nuevas reglas del Tajo-Segura, que reduce de 38 a 27hm3 el trasvase en nivel 2.

Así lo ha aseverado el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, el catedrático y director del Instituto del Agua de la UA, Joaquín Melgarejo, y por el presidente de ASAJA-Alicante, José Vicente Andreu.

En la comparecencia han adelantado que en septiembre se llevarán a cabo movilizaciones, cuando los datos epidemiológicos mejoren y lo permitan, y han augurado un "otoño caliente, no solo por los procedimientos procesales, jurídicos y judiciales que se desarrollen, sino también por las acciones ecológicas, solidarias y ambientales".

Mazón ha calificado de "nuevo atropello" el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y lo ha definido como "el siguiente clavo en la mortaja del trasvase y una de las decisiones más lesivas de la historia para la provincia de Alicante en el periodo democrático".

"Hoy alzamos la voz, nuestra acción, nuestro reproche, nuestra movilización, nuestros recursos y todas y cada una de las herramientas e instrumentos tanto jurídica, como política, social, mediática y organizativamente, de movilización y protestas", ha asegurado el dirigente 'popular', quien ha avanzado que ya se ha puesto en marcha "la maquinaria judicial, desde el asesoramiento técnico y jurídico de la Mesa Provincial del Agua, y los primeros informes están en manos de ASAJA y de los miembros de este órgano para poner interponer los recursos correspondientes".

Según Mazón, las alegaciones y acciones institucionales que se llevarán a cabo se sustentan "en datos científicos". "No es una pataleta ni una defensa irracional de los derechos de una tierra, que por otro lado es justa, sino de datos de rigor científico y académico, más allá de los valores de solidaridad, justicia, ecología y de evitar el cambio climático que están saltando por los aires con la consumación de la decisión del Gobierno de España", ha recalcado.

Al mismo tiempo, ha censurado "las dobles lecturas y los dobles juegos, en concreto por parte del Partido Socialista, que es el que está clavando ese clavo en la mortaja del Tajo-Segura". "Ya no valen declaraciones ni palabras vacías que no se traducen en nada, ni decir que el trasvase es irrenunciable cuando cada día el partido Socialista renuncia a él. Hay una falta de peso político lamentable de los gobernantes de la Comunitat Valenciana ante el Gobierno de España y ante las direcciones de sus propios partidos", ha considerado.

Por último, ha dicho que los propios regantes de Castilla-La Mancha "reivindicaban la permanencia del trasvase en las actuales condiciones con argumentos fundamentales como el hecho de saber que el agua que no llega a Alicante, Almería y Murcia se pierde en el mar a través de Portugal". Este país, según el presidente de la Diputación, "recibe un trasvase por encima de sus necesidades y por encima del sentido común y de los datos técnicos y, sin embargo, se nos niega el agua a quienes sí vamos a dar un buen uso de ella".

Por su parte, Joaquín Melgarejo ha apuntado que el decreto del Gobierno dice que el cambio en las normas de explotación fue en base a las recomendaciones del CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) en 2020, pero hay otros postulados de dicha entidad que la administración central "ha dejado fuera" Así, ha afirmado que el CEDEX determinó como recomendaciones en su informe que no se dispusieran medidas hasta que se cerrara el nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, ahora en tramitación, un documento en el que también concretaba que cualquier modificación de la regla debería ser parcial y que habría que esperar a la nueva actualización completa de la regla, una vez entrara en vigor el nuevo Plan Hidrológico del Tajo.

"Se ha aprobado este Real Decreto, en contra de las recomendaciones del CEDEX, y resulta injustificado, carente de motivación suficiente, inoportuno, extemporáneo y, por tanto, arbitrario, que es lo que consideramos con esta medida", ha reprochado Melgarejo, quien además ha apuntado que interfiere en el procedimiento de Planificación Hidrológica en curso y afecta al proceso participativo, "incumpliendo los procesos de transparencia y participación pública".

"DECISIÓN EMINENTEMENTE POLÍTICA"
"Que en medio de una toma de decisiones tan importante nos establezcan una cuestión que distorsiona las bases estadísticas sobre las que se toman las decisiones repercute en que este proceso se vea en buena medida alterado por una decisión eminentemente política y genere una infracción del principio de legalidad", ha manifestado.

"Consideramos que la decisión de este Consejo de Ministros es desproporcionada, irrazonable, innecesaria e inadecuada", hecho que afecta, según ha avanzado el coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa del Agua, en los volúmenes que se recibirán, entre 13 y 33 hm3, "una horquilla que como merma vamos a sufrir en la cuenca del Segura".

Ha precisado que económicamente significa que habrá menos caudal para distribuir entre el sector agrario y, por tanto, se deberá incrementar el agua desalinizada, situación que encarecerá el precio del agua, "pasando de 15 a 60 céntimos por cada m2 y que repercutirá en el coste ambiental, porque producir el agua desalinizada es cinco veces más cara debido a las emisiones de CO2".

Finalmente, el presidente de ASAJA ha expresado que la primera reacción de los agricultores y regantes alicantinos "es de perplejidad porque no entendemos por qué el Gobierno de España y la ministra tienen tanta prisa por adoptar una serie de acuerdos que son gravemente lesivos para la agricultura levantina en el contexto actual de grave crisis sanitaria, que se traduce en una crisis económica y social en la que sectores fundamentales para la economía del país están sufriendo y la agricultura se ha demostrado que es una actividad primordial".

"En Alicante --ha proseguido-- no se puede pensar en hacer agricultura sin agua, es inviable y hemos un esfuerzo titánico en los últimos 40 años en convertir unas tierras secas y desérticas en un auténtico vergel que nos dan garantía alimentaria a España y al resto de Europa. No hay problema de agua en este año hidrológico, tenemos los embalses a un buen nivel".

Andreu subraya que para Alicante el recorte del trasvase es "una condena porque casi el 40% del valor de la producción agraria de la provincia está asociada al trasvase Tajo-Segura y porque hay 140.000 empleos directos y más de 100.000 indirectos".

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