Veinticinco exministros avisan de que imponer la independencia "equivaldría a un golpe de Estado"

Un total de 25 exministros de los Gobiernos de UCD, PP y PSOE han firmado un manifiesto titulado Ante el intento de separar Cataluña de España en el que avisan de que "imponer como hecho consumado una España sin Cataluña" es disparatado y equivaldría a un golpe de Estado. 

La independencia de Catalunya, dicen, convertiría a España "en un sujeto político distinto y mutilado" y una decisión de tal calibre no puede adoptarse en unas elecciones autonómicas, sólo aptas para catalanas, pues sería un atropello a la ley de imprevisibles consecuencias.

"En democracia, el derecho a decidir no llega al extremo de decidir por el vecino. Derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos. No hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado y abriría una enorme crisis de convivencia", dice el texto, recogido por Europa Press.

Los exministros firmantes, que utilizan la misma expresión que el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, son los directivos y patronos de la Fundación España Constitucional, una entidad que defiende los valores de la Constitución y cuyas posiciones no comprometen a sus partidos.

Así, entre los promotores del texto hay personalidades que fueron ministros con el PP como Eduardo Zaplana, Abel Matutes, Eduardo Serra, Josep Piqué y Pío Cabanillas; con la UCD como Rodolfo Martín Villa y Marcelino Oreja, y del PSOE como José Bono, Javier Gómez Navarro, Cristina Alberdi, Beatriz Corredor, Cristina Garmendia y María Antonia Trujillo.

Todos ellos pretenden lanzar un "llamamiento a la sensatez" ante un proceso que consideran intolerable porque se aleja de las garantías exigibles en democracia y en este punto mencionan la organización de manifestaciones con recursos públicos.

EL PLEBISCITO, INSTRUMENTO DE LOS CESARISMOS

A ello añaden la presentación de una lista única para "cobijar" a líderes de partidos con programas a veces opuestos, y además todo ello presentado como en un supuesto 'plebiscito', instrumento predilecto de tantos cesarismos.

El documento sostiene que el Estado mantiene "la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña", porque la Constitución lo prevé para situaciones graves y no se podría reprochar a ningún Gobierno que la usase ante una declaración unilateral de independencia, y también que hay otros instrumentos coactivos, de carácter penal y de orden público, para hacer cumplir la Constitución.

Sin embargo, los firmantes prefieren "vías de reflexión y concordia que eviten y no agraven la fractura social existente", apoyándose en los vínculos entre Cataluña y el resto de España y que son inextinguibles. De entrada, llaman a los catalanes a votar el 27 de septiembre.

De hecho, hacen un llamamiento a las principales fuerzas políticas para que dialoguen y así favorecer una salida "consensuada y respetuosa con el ordenamiento jurídico". En su opinión, entre la independencia y la situación presente hay fórmulas más convenientes para todos.

¿LA SINGULARIDAD ESTÁ RECONOCIDA?

Los exministros aprecian lo que representa Cataluña a lo largo de la historia y por eso propugnan "un riguroso análisis sobre si su singularidad está siendo reconocida y valorada de manera justa, y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes", y si es necesario rectificar cuanto aparezca como equivocado, sin excluir ningún asunto, por delicado que sea, siempre que se haga entre todos, de buena fe y con espíritu constructivo.

Además, más allá del enfoque catalán, los firmantes se muestran partidarios de una reforma de la Constitución que haga que la organización territorial del Estado se ajuste mejor y de manera más equitativa a las necesidades del conjunto de España, a la realidad de todas las autonomías y a los perfiles singulares propios de las comunidades.

Esa reforma, recalcan, debe ser "compatible con el proyecto común que es España, sin exclusiones y apriorismos", pero "basada en amplios acuerdos" y "lejana a toda imposición unilateral". Argumentan que, 37 años después de su aprobación, hay "circunstancias nuevas" que aconsejan su reforma "no para echarla abajo o cambiar el sistema constitucional en su conjunto, sino para conservarla viva y actualizada".

EL GIRO INDEPENDENTISTA COMPLICA LA REFORMA

Sin embargo, consideran que ese objetivo de reforma, "posible y deseable" se está viendo dificultado por el "giro separatista de parte del nacionalismo catalán" con su "exigencia a plazo fijo e inmediato de una declaración unilateral de independencia".

Los firmantes subrayan, por último, que la pretensión independentista parte de un "enfoque internacional equivocado", ya que introducir un contencioso sobre el independentismo catalán es "un sinsentido" puesto que la Carta de la ONU "respalda ante todo la integridad territorial de sus Estados miembros" y todo intento de quebrantarla es incompatible con sus principios.

Respecto a la UE, recuerdan que "la ruptura territorial de un Estado miembro, ni está prevista en los Tratados, ni la parte desgajada conservaría derecho alguno a continuar en la Unión, en los Tratados, en la ONU o en la Organización Mundial de Comercio".