La Audiencia de Madrid celebra desde el lunes el juicio a dos traductores de la Policía en el que testificará Villarejo

La Fiscalía pide más de ocho años de prisión por delitos de revelación de secretos, extorsión y cohecho

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará del 20 al 24 de septiembre el juicio a dos traductores de la Policía por extorsionar a un empresario, también investigado, en el que está previsto que declare como testigo el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

La primera sesión tendrá lugar un año después de lo previsto, dado que el pasado septiembre el juicio se suspendió 'sine die' porque uno de los acusados cambió de abogado y desde entonces estaba pendiente.

La causa se centra en Alí Shan e Ijaz Ahmad, quienes fueron contratados por la Dirección General de la Policía para participar en la investigación que realizaba la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UCDV) para traducir conversaciones telefónicas interceptadas en el marco de una pesquisa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada (Madrid).

El empresario Harischandra Tarachand Varma, uno de los investigados en dicha causa al que se le habían intervenido varias conversaciones, denunció en abril de 2014 ante Asuntos Internos que los traductores le habían extorsionando. De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, le ofrecieron datos de la causa a cambio de un pago inicial de 10.000 euros que iría aumentando y le amenazaron con "influir en su contra" si no accedía.

La Fiscalía ha solicitado la declaración de seis policías, entre ellos Villarejo, el inspector Andrés Gómez Gordo y el ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, todos investigados en el contexto de la macrocausa 'Tándem' sobre los negocios del comisario jubilado.

MERCADEO DE INFORMACIÓN
La causa llega a juicio después de que Varma formalizara la denuncia ante los juzgados de Madrid en agosto de 2014. Según Anticorrupción, sin embargo, lo hizo "a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a la verdad" porque "no era víctima de delito alguno", ya que se habría acabado beneficiando de la información proporcionada por los dos traductores, incluso llegando a exigirles un flujo continuo de datos.

Por todo ello, los fiscales piden para los tres acusados más de ocho años de prisión por delitos de revelación de secretos, extorsión, más cohecho para los traductores y simulación de delito para el empresario. Además, ha pedido el archivo de las actuaciones para un cuarto investigado, a quien llama a declarar como testigo para que relate su conocimiento de los hechos.