miércoles, 8 de diciembre de 2021 13:47
Politica

CyL subraya el "ataque al medio rural" que supone cobrar por el uso de autovías y defiende su mantenimiento vía PGE

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha subrayado el "ataque al medio rural", amén de al del transporte, que supone la intención del Gobierno de España de cobrar por el uso de autovías a partir de 2024, como se ha planteado, y ha defendido que el mantenimiento de estas infraestructuras se realice a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Tras expresar la "total oposición" de la Junta de Castilla y León a esta posibilidad, Suárez-Quiñones ha recordado que la movilidad es "esencial" en el acceso de la gente que vive en el medio rural a los servicios públicos básicos, por lo que ha sentenciado, en declaraciones remitidas a Europa Press, que esto es "lo que le faltaba al medio rural".

En este sentido, ha comparado la política de la Junta de Castilla y León de "ir liberando" el pago del transporte público en el medio rural con la del Gobierno de España de "poner un pago donde no lo hay".

Además, ha enfatizado la "incongruencia" que supone llevar a cabo esta implantación de peajes después de liberar recientemente la AP-9 en Galicia "para cumplir con el BNG" y que esta formación "apoye sus presupuestos".

El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha tachado la medida de "injusta" si no atiende a las diferencias de recursos entre la población que hace uso de estas vías, tanto clases medias y familias vulnerables, como pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello, ha insistido en que el mantenimiento de estas vías se debe hacer a través de los Presupuestos "con una adecuada Administración", sin hacer "gastos superfluos" y conservando unas autovías "por cierto muy descuidadas".

En cualquier caso, ha rechazado el "repago" de estas vías y ha alertado de cómo afectará esta medida a la competitividad del sector del transporte, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que en lugar de "poner palos en la rueda", lo ayude.

"Se trata de una medida injustificada, que no es tolerable, que ataca especialmente a Castilla y león y a los intereses generales de España", ha concluido Suárez-Quiñones.

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