Cs avisa al Gobierno de que rechazará la reforma laboral si prima convenios autonómicos, como exige el PNV

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso Edmundo Bal ha avisado de que su formación votará en contra de la reforma laboral en caso de aceptar el Gobierno la prevalencia del convenio autonómico, como exige el PNV para poder avalar la reforma.

En los últimos días la formación 'naranja' ha venido ofreciendo sus votos al Gobierno para la convalidación del decreto ley de la reforma en el Congreso, asumiendo como un mal menor el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT --"es para darse con un canto en los dientes", resumen-- y señalando como el "peligro real" un acuerdo con ERC y Bildu para modificarla.

Estas formaciones independentistas han planteado al Gobierno una serie de exigencias para llevar la reforma más lejos, buscando un frente común con más organizaciones, como BNG y la CUP, y al que quieren sumar a Más País-Equo y Compromís, para forzar una negociación a la que el Ejecutivo por el momento se resiste.

Otras formaciones como PNV y PDeCAT han planteado menos reticencias a la reforma pero sí han apuntando como discrepancia básica la necesidad de reconocer la prevalencia de los convenios autonómicos en caso de propiciar mejores condiciones. El PNV ha advertido, la última por boca de presidente, Andoni Ortuzar, de que votarán que no, sin opción a abstención, si el Gobierno no les garantiza esa primacía.

APOYOS INCOMPATIBLES
Y, frente a ello, lo que hace que sus votos sean incompatibles, Bal ha avisado de que sus nueve diputados (su décimo escaño se pasó al Grupo Mixto) votarán en contra de la reforma laboral si se recoge ese compromiso de dar primacía a los convenios autonómicos.

El dirigente de Cs ha argumentado que esta prevalencia implicaría "trocear la unidad de mercado y acabar con ella", elucubrando que, tras el convenio del País Vasco después llegaría uno catalán, otro balear, otro valenciano, y después uno madrileño y otro andaluz hasta configuran "17 regímenes laborales diferentes".

Para Bal, esta exigencia supone imponer "que no sean los jueces los que decidan la primacía de los convenios, ni los empresarios y los trabajadores, sino los políticos", y ha puesto en duda de que los sindicatos CCOO y UGT miren con buenos ojos esta exigencia.