Arcadi España, un hombre de confianza de Puig para tomar el tren de la reforma de la financiación

El socialista Arcadi España pone fin a su etapa como conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Vertebración del Territorio para gestionar las cuentas del gobierno valenciano desde la cartera de Hacienda y tomar el testigo de Vicent Soler en una reivindicación que se ha perfilado como uno de los ejes centrales del Consell: terminar con la infrafinanciación que arrastra la Comunitat Valenciana.

Desde que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, apuntase a una remodelación para dar un "nuevo impulso" al Consell, el nombre de Arcadi España fue uno de los primeros en sonar. El socialista es uno de los dirigentes más próximos al jefe del Ejecutivo y dirigió el gabinete del 'president' en la primera legislatura del Botànic. En una primera remodelación, Puig le confió la política territorial y se esperaba que en esta nueva tanda de cambios se le diera también un nuevo impulso a él.

Licenciado en Ciencias Económicas y con un máster en dirección y gestión pública para analistas financieros, Arcadi España abandonó en 2019 el gabinete para asumir una conselleria, la de Política Territorial y Movilidad, que toca con los problemas cercanos de la ciudadanía y en la que algunas reivindicaciones arrastradas desde hace muchos años abrían la oportunidad de gestionar cambios bien visibles.

De hecho, este mismo lunes estaba prevista la inauguración de la Línea 10 de Metrovalencia --ahora aplazada al martes--, una construcción iniciada en 2006 y paralizada en 2011 --en la etapa del PP-- para unir el barrio de Natzaret de Valencia con el corazón de la ciudad. La reanudación de las obras fue uno de los primeros anuncios de Arcadi España como conseller y su inauguración se convertirá en su despedida.

En la ciudad de Valencia y toda su área metropolitana, Arcadi España también impulsó la integración tarifaria de todo el transporte público, que supone un ahorro en los billetes de los ciudadanos --especialmente para los vecinos de los alrededores de la capital-- y estableció el servicio nocturno de metro, que vivió un largo paréntesis durante la pandemia y ya entrada la nueva normalidad, hasta recuperarse finalmente a partir de las fallas de este año.

En Alicante, presentó un Plan de Ampliación de la red del TRAM d'Alacant, para construir unos 15 kilómetros de nuevos tramos. También ha proyectado en esta ciudad una reorganización tarifaria con reducciones de hasta el 50%, que no llegará a estrenar como conseller porque se prevé a partir del verano, como tampoco lo hará con la nueva estación Alacant Intermodal.

En Castelló, asumió en 2020 la presidencia de Aerocas y ha dado continuidad a la senda de recuperación del aeropuerto, donde se apostó por la "diversificación" ampliando sus servicios con un centro de mantenimiento de aviones.

El hasta ahora conseller de Política Territorial ha defendido en numerosas intervenciones la apuesta por infraestructuras ferroviarias para la descarbonización. Sin embargo, ha tenido que lidiar con las críticas en esta materia al Gobierno central de su mismo color político, con cuestiones sin resolver de gran calado como las deficiencias en el servicio de Cercanías o un Corredor Mediterráneo y un Tren de la Costa que no se materializan.

De hecho, el Consell ha solicitado en varias ocasiones sin éxito al Gobierno central la transferencia de las competencias de Cercanías a la Generalitat.

Otro de los retos aún no resueltos en los que se ha visto involucrado su departamento sido la ATE del estadio del Mestalla, otra obra paralizada durante años con numerosos retrasos e incumplimientos por parte del Valencia CF. En los últimos meses, el club elevó una propuesta que no ha convencido a la administración y el conseller de Política Territorial, junto al de Economía Sostenible, Rafael Climent, han abierto un periodo de negociaciones con el presidente del club, Anil Murthy, para reclamarle un proyecto "creíble y garantizado financieramente".

También en Valencia, la ampliación del puerto ha sido objeto de fricción entre los socios de gobierno, que llegaron a presentar PNL en el Congreso para paralizarla. Arcadi España optaba en todo momento por la discreción en este punto, instando a la Autoridad Portuaria a "escuchar" las alegaciones y abogando en todo momento por el compaginar crecimiento y sostenibilidad.