miércoles, 6 de julio de 2022 19:12
Politica

Compromís reclama la comparecencia de Marlaska por la expulsión del exmilitar argelino, condenado a muerte en su país

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Archivo - El diputado de Compromís, Joan Baldoví, en una rueda de prensa previa a una Junta de Portavoces, en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, a 5 de abril de 2022, en Madrid (España).

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del exmilitar argelino Mohamed Benhalima, que denunció la corrupción del ejército de su país y ha sido condenado a muerte tras ser expulsado de España, donde reclamó asilo.

En rueda de prensa en el Congreso, el parlamentario ha calificado de "escándalo" que un país democrático envíe a personas a otro país "sabiendo que serán encarcelados y condenados a muerte".

Y es Baldoví que ha relatado que Benhalima huyó de Argelia tras hacer públicas denuncias de corrupción y pidió asilo político a España, que en lugar de concederlo decidió su devolución a su nación de origen.

Una deportación que, según ha enfatizado el diputado de Compromís, se produjo pocos días después de que el Gobierno avalara el plan de autonomía para el Sáhara Occidental, propuesto por Marruecos. Todo ello, a su juicio, fundamenta la necesidad de que el ministro dé explicaciones en el Congreso.

CASO DE BENHALIMA
A finales de marzo, el Ministerio del Interior tramitó la expulsión de Benhalima pese a las críticas Amnistía Internacional, que reclamó públicamente que se anulara su devolución a Argelia.

La decisión se produjo días después de que Marruecos difundieran el 18 de marzo la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió al rey Mohamed VI en la que aseguraba que el plan de Marruecos sobre el Sáhara era la propuesta "más seria, realista y creíble" para la resolución del conflicto. Argelia respondió a la misiva con la retirada de su embajador y, desde entonces, ha avisado de que puede condicionar los contratos de suministro de gas.

En una respuesta a preguntas parlamentarias del propio Baldoví, el Gobierno defendió que se cumplió "estrictamente con la normativa vigente" y que, por tanto, "no se ignoró en absoluto el contenido del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos" al denegar las dos solicitudes de protección internacional, con fecha de 18 de febrero de 2020 y de 18 de marzo de 2022.

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