La Comisión Europea espera que el Gobierno "concluya rápidamente" los nombramientos de la AEPD tras el fallo del Supremo

La Comisión Europea ha trasladado que espera que el Gobierno "concluya rápidamente" los nombramientos de la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), después de que el Tribunal Supremo haya dejado en suspenso el procedimiento abierto en este sentido al considerar que la renovación de los responsables estaba "viciada de raíz" por el acuerdo al que el Ejecutivo llegó con el PP.

Bruselas responde así a una carta remitida a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, por los eurodiputados de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa y Adrián Vázquez el pasado 21 de marzo, en la que pidieron a la Comisión Europea que verificara cómo va a corregir el Gobierno la situación para que los nombramientos de la AEPD se hicieran con "total independencia".

Jourova y Reynders recuerdan que el artículo 53 del Reglamento General de Protección de Datos --GDPR, por sus siglas en inglés, el reglamento europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos-- proporciona condiciones generales para el nombramiento de las autoridades en la materia.

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) están obligados a probar que las mencionadas autoridades serán nombradas a través de un procedimiento transparente llevado a cabo por el parlamento, el gobierno, el jefe del Estado o una institución independiente con arreglo al Estado de Derecho de los miembros.

En este sentido, la Comisión Europea destaca que el Gobierno ha puesto en marcha una convocatoria de candidaturas, lo que encaja con el procedimiento requerido, pero insiste en que sigue "de cerca" el proceso. "Esperamos que el proceso de selección concluya rápidamente, después del fallo del Tribunal Supremo, en el marco de las disposiciones antes mencionadas.

Por otro lado, Jourova y Reynders indican que la actual directora de la AEPD, Mar España Martí, les ha informado de su intención de permanecer en el cargo hasta que el proceso de selección finalice, con el objetivo de que el organismo continúe operando. A juicio de la Comisión Europea, esta circunstancia es "extremadamente importante" tanto para mantener tanto la "correcta aplicación" de las normas de protección de datos en España como el "sistema de gobernanza" establecido a nivel de la UE en el GDPR.

"Hay que recordar que la legislación establece que debe realizarse un proceso transparente e independiente, que debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el que deben reflejarse los diferentes pasos hasta el nombramiento final", ha incidido Pagazaurtundúa, según un comunicado.

Vázquez, por su parte, ha recalcado que "la independencia de las instituciones es un pilar básico de una democracia liberal plena basada en el Estado de Derecho" y ha celebrado que la Comisión Europea "esté encima" de procesos como este "es crucial" para "reprimir las ganas de algunos de repartirse las instituciones como cromos". "Sin embargo, sigue siendo una vergüenza para España que, en transparencia, no estemos en cabeza, sino que sigamos a la cola", ha agregado.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó en marzo un auto por el que suspende el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero por el que el Gobierno comunicaba al Congreso sendas ternas de candidatos a la Presidencia y Adjuntía de la AEPD.

El Supremo adoptó esta decisión al considerar que el procedimiento para la renovación de los máximos responsables de este órgano estaba "viciado de raíz", ya que el Gobierno y el PP ya habían anunciado hacía meses un acuerdo para nombrar presidenta de la AEPD a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y como adjunto a Borja Adsuara por sugerencia del PP.

Los nombres se dieron a conocer en octubre, junto con los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, y fue un mes después cuando se convocó el concurso público del que supuestamente debían salir los mejores candidatos para el puesto. Según la legislación vigente, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, el que debe proponer candidatos a presidente y adjunto, y ambos tienen que ser ratificados por la Comisión de Justicia en el Congreso.

A principios de marzo, el Gobierno envió a la Cámara dos ternas de candidatos, una para uno de los puestos a elegir. El órgano de gobierno de la Cámara tomó nota de las mismas y las remitió a la Comisión de Justicia, pero advirtió al Ejecutivo de que había remitido hasta seis candidatos cuando, según la ley que rige esta entidad, debería haber enviado sólo dos: uno para la Presidencia y otro para la Adjuntía.

Para la Presidencia, además de la candidata pactada con el PP, se propuso a Leonardo Cervera Navas y Ricard Josep Martínez Martínez, mientras que la terna para la Adjuntía la completaban, junto con Adsuara, José Ignacio González González y Pilar Aránzazu Herráez López.

LA INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES
Pagazaurtundúa y Vázquez, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles y presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, respectivamente, también trasladaron a la Comisión Europea su "preocupación" por la independencia de las autoridades independientes y los organismos reguladores en España.

Bruselas explica que, si bien está "siguiendo los acontecimientos relacionados con algunos de estos organismos, dada su especial importancia para garantizar el respeto del Estado de Derecho", no lleva a cabo un "análisis exhaustivo de la independencia de todos ellos en el marco del Informe sobre el Estado de Derecho" porque, entre otras cosas, algunos de esos aspectos relevantes ya están reflejados en la edición de 2021 del mencionado informe.

En particular, ha aludido a que el informe se refiere a la "necesidad de fortalecer" la independencia operativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como institución clave para garantizar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en España".

Pagazaurtundúa ha subrayado el hecho de que Bruselas haga hincapié en este punto muestra una preocupación "genuina" por el Estado de Derecho, porque, a su juicio, el Gobierno "está utilizando repetidamente la vía de la manipulación política de los organismos estatales independientes".