Anticorrupción solicita prisión sin fianza para Mario Conde

Anticorrupción ha pedido a Santiago Pedraz que envíe a prisión incondicional al exbanquero Mario Conde por repatriar, al menos, 13 millones de euros procedentes del 'caso' Banesto, según informaron fuentes jurídicas.

Mario Conde ha justificado en su comparecencia ante el juez los movimientos de dinero. El juez está celebrando una vistilla para decidir si le envía o no a prisión.

Los siete detenidos en el marco de la operación 'Fénix' han comparecido este miércoles ante Pedraz por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución -de sentencias dictadas contra Conde como la del 'caso Banesto' y otras- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

El abogado Francisco Javier de la Vega, y los presuntos testaferros Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek han accedido a declarar ante el instructor, que investiga si el grupo movió el dinero que no se recuperó de Banesto, entidad que Conde presidió entre 1987 y 1993, y a través de inversiones lo trajo de vuelta a España.

El yerno de Conde, Fernando Guasch, que quedó el lunes en libertad tras ser detenido por la Guardia Civil en la denominada operación 'Fénix', y otros seis investigados vinculados al exbanquero por estrechos lazos familiares y personales, comparecerán en los próximos días.

La investigación partió de una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que sirvió para dar inicio a las pesquisas en septiembre de 2014. Tras más de año y medio de búsqueda de indicios, Anticorrupción presentó una querella el pasado 29 de marzo, que fue asumida por el Juzgado Central de Instrucción número 1.

La operación indaga si las sociedades en España se encontraban a nombre de terceras personas. El dinero se repatriaba, en pequeñas cantidades, desde el exterior a territorio nacional a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

El que fuera presidente de Banesto fue condenado a prisión -en 2002 el Supremo elevó su pena hasta 20 años- por estafa y apropiación indebida en el llamado 'Caso Banesto'. El banco que presidía fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros.

En concreto, fue condenado en las causas conocidas como 'Argentia Trust' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 20 de marzo de 1997 y del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1998) y 'Banesto' (sentencia de la Sala de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2000 y del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2002).