Susan George: «El TTIP no es un tratado sobre comercio, solo quiere desregular servicios básicos»

Beatriz Pérez.- Las negociaciones en la Unión Europea sobre el Tratado Transatlántico de Libre Comercio (TTIP, por sus siglas en inglés: Trasatlantic Trade & Investment Partnership) han entrado en una fase “crucial”. Lo ha dicho hace un par de días el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, quien ha pedido “voluntad política” a los líderes de la UE para llegar a un acuerdo en torno a él. A finales de año, el TTIP podría ser aprobado.

Sin embargo, en la calles las voces ciudadanas claman contra este acuerdo comercial. Más de 3,4 millones de personas de 23 países diferentes han firmado para que no se apruebe, 1.600 localidades en la UE (entre ellas, Barcelona y Madrid) se han declarado ya oficialmente contrarias a él y este debate ha traído consigo movimientos y protestas en distintas partes del mundo que han resucitado el discurso antiglobalización del año 2000.

Una de las voces contrarias al TTIP más conocidas es la analista política Susan George (Ohio, 1934), quien visitó Barcelona recientemente en el marco del 4º Seminario Internacional de Convivencia Planetaria: Construimos Biocivilización. Pese a los recientes pasos dados hacia adelante en su aprobación, George espera que finalmente no salga adelante. Porque, en una Europa sumida en una grave crisis social, política y humanitaria, cree que el TTIP solo contribuiría a «empeorar la situación». «El pesimista dice: “La situación es horrible, no podría ser peor”. Pero el optimista es el que dice: “¡Por supuesto que podría ser peor!”», comenta entre risas.

Todo el mundo lee sobre del TTIP, pero poca gente entiende qué es exactamente. Defínalo por favor en unas pocas palabras.

Se trata de un tratado completamente concebido y escrito por las 70 mayores corporaciones de Estados Unidos y Europa, que se pusieron de acuerdo en 1995 y quieren “retar” al Estado en su toma de decisiones y en sus leyes, las cuales esas empresas consideran dañinas para sus intereses. Las corporaciones también quieren estar presentes cuando se hagan las regulaciones de comercio y adaptarlas a sus propios intereses. Es también un intento de que Estados Unidos y Europa tengan los mismos estándares.

Estas corporaciones quieren disminuir las regulaciones, ¿es así?

Sí, porque para ellas son costosas. Pero para nosotros son necesarias porque protegen la salud, el medioambiente, la comida… Nuestros servicios básicos. Por eso creo que este tratado no debería ser llamado Comercio Transatlántico porque no es una cuestión sobre comercio. Por ejemplo, Europa tiene tasas muy bajas en sus bienes y servicios, excepto en la agricultura. Si estas compañías, tal y como como desean, consiguen tarifas más bajas en la agricultura, miles de agricultores se arruinarán. Así que insisto: se vende la idea de que este es un tratado de comercio, pero lo que en realidad se quiere es eliminar barreras. Para las corporaciones todo esto es un asunto de costes, y “armonizar” las leyes de los países implicaría una reducción de costes. Para la población, sin embargo, es una cuestión de derechos sociales.

¿De qué manera afectará el TTIP al medio ambiente?

Sería muy dañino porque las compañías de petróleo podrán abrir procesos judiciales contra los estados. Todas tienen cláusulas para usar tribunales privados, abogados privados que actúan como árbitros. Y ellos toman las decisiones. Esto pasó, por ejemplo, hace unos meses, cuando Obama decidió no aprobar la construcción de las tuberías para transportar el petróleo –era el más sucio del mundo– desde Canadá al Golfo de México y luego llevarlo a Europa. Hubo muchas protestas al respecto y Obama rechazó el proyecto. Pero ahora, el Gobierno de Estados Unidos va a ser demandado por un perjuicio 15 billones de dólares, ya que al haber establecido un macroacuerdo con la compañía, ambas partes están sometidos a él. La resolución de este tipo de demandas está en manos de tribunales privados, los llamados SDS –Investors to State Dispute Settlements, Tribunal para las disputas de Inversor a Estado–. Son tribunales paralelos, sin ninguna instancia superior, lo cual es muy peligroso.

¿Cuántas posibilidades tiene el Estado de ganar este tipo de juicios?

Para que te hagas una idea: en el 2014, los estados solo han ganado el 37% de los casos –desde los años 60 hasta ahora, ha habido unos 650–. El 63% restante o han perdido, o han llegado a un acuerdo con las corporaciones, no sabemos por cuánto dinero. ¿Y quién paga esto? Tú y yo, con nuestros impuestos. La Organización Mundial del Comercio es muy lenta, así que las grandes corporaciones se han dado cuenta de que es más beneficioso crear acuerdos bilaterales donde imponer este tipo de normas. Cada vez hay más –unos 50 casos por año–.

¿Y los abogados también sacan rédito?

Y tanto. Detrás de todo esto hay despachos de abogados especializados en encontrar los resquicios de la ley en los que hacer denuncias en favor de las grandes corporaciones. Con cinco personas en un despacho basta para llevar a cabo todo esto, es un negocio redondo porque cobran mil euros la hora. Y si ganan el juicio, reciben mucho dinero.

¿De qué manera se ha ido empobreciendo la población estos años en beneficio de las grandes corporaciones?

La ciudadanía ha perdido, por año, un 10% de lo que acostumbraba a recibir. ¿Por qué? Porque las tasas son menores para los ricos, porque los salarios han bajado. En los Estados Unidos, los salarios de la clase trabajadora están al mismo nivel que en 1960, pese a que los precios han subido mucho. Sin embargo, hay un 1% de la población que se está volviendo más y más rica cada año. Esto es la política actual.

¿Cómo valora la situación política que vive España?

Me gusta Podemos. Creo que hizo bien rechazando al PSOE y comprometiéndose con el referéndum de Catalunya. Sin embargo, ha pagado el precio. Aun así, prefiero un gobierno que lleva a cabo sus promesas y no uno como el que tenemos en Francia, que no mantiene ninguna.